El Gobierno de Chile ha anunciado la suspensión inmediata de la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, independientemente del tipo de delito cometido. Esta determinación se produce en un contexto de alta tensión política y mientras avanza en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca derogar la normativa que permite la concesión de estos beneficios por buena conducta.
La medida fue informada por el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien señaló que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tomó la decisión de paralizar estos beneficios el pasado jueves 5 de noviembre. Sin embargo, esta declaración ha generado una serie de cuestionamientos debido a que coincide exactamente con el día en que el propio ministro firmó una rebaja de condena para un condenado por homicidio.
El caso que detonó la controversia es el de Peter Andrés Rojas Gallardo, quien fue condenado a cinco años de cárcel por el homicidio de un adulto mayor de 83 años ocurrido en Catemu, región de Valparaíso. Según se reveló, el 5 de noviembre, el ministro Rabat firmó un decreto exento que redujo en diez meses la condena de Rojas Gallardo. Este documento también cuenta con la firma de la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, quien asumió recientemente en el cargo.
La nueva postura del Ejecutivo marca un giro significativo en las explicaciones entregadas previamente. Apenas la noche del domingo, el Ministerio de Justicia sostenía que el ministro Rabat estaba legalmente obligado a continuar firmando estos decretos de rebaja, exceptuando únicamente aquellos casos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad. No obstante, el vocero Gonzalo Arenas modificó esta versión el lunes, asegurando que la decisión de paralizar todas las rebajas se había tomado cuatro días antes de que la medida se hiciera pública.
Esta discrepancia en los tiempos y los argumentos ha dejado al Gobierno en una posición vulnerable. Hasta el momento, la cartera de Justicia no ha logrado explicar por qué, tres días después de la supuesta orden de suspensión general del 5 de noviembre, el Ministerio seguía defendiendo públicamente la obligación legal de conceder dichos beneficios para delitos que no fueran sexuales contra menores.
Fuentes internas de La Moneda han precisado que la decisión final de suspender todas las tramitaciones fue comunicada por el Ministerio de Justicia el pasado viernes por la tarde. Esto ocurrió tras la celebración de un comité político, donde los participantes manifestaron su apoyo a la derogación de la norma vigente, impulsados por la intensa discusión pública que el tema ha generado en los últimos días.
El vocero Gonzalo Arenas, al ser consultado sobre el decreto que benefició al condenado por el homicidio de Catemu, admitió inicialmente que el compromiso original del ministro Rabat se limitaba a la suspensión de rebajas para delitos sexuales contra menores. Sin embargo, posteriormente añadió que, ante el respaldo del Ejecutivo al proyecto para derogar completamente la Ley 19.856, el ministro decidió ampliar la paralización a cualquier decreto desde el jueves anterior.
Arenas fue enfático al precisar que ya no se tramitarán nuevas solicitudes de rebaja de condena mientras no se logre un avance en el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso. Es relevante destacar que, hasta el momento de dicha declaración, el Ministerio de Justicia no había informado oficialmente sobre esta segunda fase de suspensión.
El escenario actual deja al Ejecutivo con dos hechos contradictorios ocurridos el mismo jueves 5 de noviembre: la firma del decreto que benefició a Rojas Gallardo y la decisión, según el vocero, de paralizar la tramitación de todas las rebajas de condena. Hasta ahora, el Gobierno no ha aclarado el orden cronológico de estos eventos ni ha justificado la falta de transparencia en la comunicación de la medida.
La crisis política ha escalado al punto de que se prepara una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat. Asimismo, el Gobierno ha enfrentado cuestionamientos provenientes incluso de sectores del oficialismo. Ante este panorama, La Moneda ha decidido dar un giro total a su estrategia, pasando de justificar la entrega de beneficios basándose en una obligación legal, a impulsar la eliminación total de las rebajas de condena por buena conducta para todos los delitos.
