La incertidumbre política continúa rodeando la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su cargo. A pesar de que sectores de la oposición aseguran que el texto de la acusación constitucional en su contra se encuentra virtualmente terminado, el ingreso formal del libelo al Congreso Nacional sigue sin una fecha definida, transformando la espera en un elemento central del desgaste político actual.
Desde el Partido por la Democracia (PPD), el diputado y presidente de la colectividad, Raúl Soto, ha sido enfático al señalar que el trabajo de redacción está prácticamente concluido. Según Soto, el avance del documento alcanza ya un 99%, quedando únicamente pendientes algunas correcciones de forma. No obstante, el parlamentario subrayó que el ingreso no debe responder a presiones políticas, sino a principios, manifestando su deseo de contar con el apoyo total del Partido Demócrata (PDG) y anticipando que podrían sumarse votos provenientes del oficialismo, específicamente desde el sector de Chile Vamos.
Sin embargo, la dilación en la presentación del texto sugiere una estrategia más compleja. Fuentes opositoras indican que la demora podría obedecer a tres factores principales: la búsqueda de nuevos antecedentes basados en reportes de medios de comunicación, la presión hacia el Gobierno para que haga entrega de decretos pendientes, o una táctica para mantener la presión sobre Chile Vamos, el sector oficialista que presenta mayor fragilidad frente a una eventual votación.
Esta situación ha generado un clima de agotamiento en la centroderecha. Mientras las cúpulas de los partidos intentan coordinar un diálogo directo con el presidente Kast para ordenar el sector, en las bancadas la unidad se ve amenazada por las trayectorías individuales de los parlamentarios y el creciente rechazo a la figura de Rabat reflejado en las encuestas. En este contexto, la diputada de Renovación Nacional y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, cuestionó la solidez de los argumentos jurídicos del texto, sugiriendo que la tardanza podría deberse a la dificultad de demostrar una transgresión clara a la Constitución y a las leyes. Asimismo, Ossandón advirtió sobre una posible "doble intencionalidad" destinada a contaminar la discusión presupuestaria de la nación.
El sustento jurídico de la acusación se estructura sobre tres pilares fundamentales: la Ley de Garantías de la Niñez, el Estatuto de Roma relativo a crímenes de lesa humanidad y el principio de probidad administrativa. Estos puntos han cobrado relevancia ante la aparición de nuevos hechos críticos. Recientemente, se reveló que un condenado por tráfico, quien había recibido una rebaja de condena firmada por Rabat, fue detenido nuevamente por el mismo delito. A esto se suma la información de que el 5 de noviembre, el ministro firmó un decreto que redujo en diez meses la pena de un hombre sentenciado a cinco años por el asesinato de un adulto mayor en 2022.
Estos hallazgos han provocado duras críticas en la oposición. El parlamentario socialista Daniel Manoucheri emplazó al oficialismo, señalando que la urgencia debería recaer en La Moneda para transparentar la entrega de decretos. Manoucheri instó a la derecha a decidir si respaldarán las decisiones del gobierno, calificándolas como "pro-pederastas", o si se pondrán del lado de las víctimas.
Por su parte, el PDG muestra una división interna. Aunque la postura mayoritaria es que Rabat debe abandonar el cargo, ya sea mediante renuncia o acusación, la diputada Zandra Parisi mantiene una distancia crítica. Parisi argumentó que la salida de una autoridad no soluciona los problemas de fondo y que es prioritario corregir las leyes antes de definir una posición común sobre la acusación.
El escenario se complejiza con un nuevo flanco legal: la apelación del Ejecutivo ante la Corte Suprema para revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre la rebaja de condena de Víctor Alarcón, sentenciado por la violación de una menor de 14 años. El resultado de este proceso será determinante: si la Suprema respalda el fallo, el Gobierno enfrentaría la contradicción de ejecutar una rebaja por delito sexual contra una menor pese a haber anunciado la suspensión de tales decretos. Si la apelación es acogida, se cuestionará la jurisprudencia que Rabat ha utilizado para justificar las rebajas ya concedidas.
En conclusión, mientras el Gobierno busca tiempo para organizar su defensa parlamentaria, la oposición parece apostar por prolongar la incertidumbre, acumulando evidencias y esperando el pronunciamiento de la Contraloría sobre los decretos no entregados, manteniendo así la presión sobre un ministro cuyo futuro político permanece incierto.
