El Papa León XIV realizó una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un espacio donde residen más de 400 personas con discapacidad, en un encuentro que se produjo en un clima de marcada tensión política y administrativa. Durante su estancia, el Pontífice enfatizó que las vidas de las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad”, sino que representan “una bendición”.
En su discurso, León XIV vinculó el progreso de una nación con la capacidad de acogida que se brinda a los sectores más vulnerables. El Sumo Pontífice lanzó una advertencia contra aquellas sociedades que se encuentran “llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”. Estas palabras resonaron como un eco de sus declaraciones previas ante el presidente Javier Milei, en las que sostuvo que la dignidad humana reclama una atención especial en situaciones de enfermedad, dependencia y discapacidad.
La visita contó con la presencia de Axel Kicillof, quien acompañó al Pontífice junto a Mariano Cascallares, actual diputado provincial y referente de Almirante Brown. Kicillof evitó entrar en una confrontación directa durante el evento, manifestando sentirse “tremendamente identificado” con las palabras del Papa y expresando su deseo de no convertir el mensaje en una “clave de discordia ni de disputa”. No obstante, el gobernador dejó un mensaje dirigido a la Casa Rosada al señalar que es necesario “escucharlo y abrirse un poco”, esperando que el Ejecutivo tome nota de las palabras del Pontífice.
Por su parte, el presidente Javier Milei optó por no responder directamente a las declaraciones en el lugar. En una entrevista concedida a Luis Majul en LN+, el mandatario calificó el discurso papal como una “ponencia superlativa”, pero evitó profundizar en un análisis político. Milei afirmó que no desea tener la “miserabilidad” de introducir las palabras del Santo Padre en el debate político ni pretende “meterse en el barro de usar políticamente el discurso”.
A pesar de esta retórica, en el ámbito gubernamental la lectura de la visita osciló entre el alivio y la preocupación. Ante el pedido de diálogo formulado por León XIV, el Presidente respondió con un reproche hacia la oposición, recordando que el año pasado se votaron 40 leyes que, según su visión, intentaban romper el equilibrio macroeconómico, incluyendo entre ellas la ley de emergencia en discapacidad.
El escenario de la visita en Claypole estuvo marcado por un antecedente financiero conflictivo. Diez días antes de la llegada del Papa, el Gobierno nacional procedió al pago de 828.708.195 pesos que debía a la institución. Este desembolso se produjo luego de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, ordenara el embargo de las cuentas del Ministerio de Salud el pasado 30 de octubre. La deuda correspondía a medicamentos, alimentos e insumos no abonados entre los meses de marzo y junio.
Según se pudo conocer, la visita del Pontífice se integró en su programa en contra de la voluntad de la Casa Rosada. El encuentro fue coordinado a través de canales propios, impulsado por Gustavo Beliz en conjunto con la embajada de Estados Unidos. El itinerario incluyó también una parada en La Matanza con el padre Tano, Juan Grabois, la UTEP y el diputado Facundo Tignanelli, así como una reunión en la UCA con la teóloga Emilce Cuda y sor Alessandra Smerilli. Asimismo, el arzobispo Gustavo Carrara y el juez Alejandro Slokar, a través de la Pastoral Judicial, le entregaron al Papa las Reglas Papa Francisco.
En cuanto a la política pública de discapacidad, el Gobierno ha transitado un camino errático. En agosto de 2025, Milei vetó la ley de emergencia, la cual fue posteriormente promulgada por el Congreso suspendiendo su aplicación. Tras el escándalo de presuntas coimas en la ANDIS, organismo que terminó disuelto por decreto, el Presupuesto 2026 intentó derogar la emergencia. Para el Presupuesto 2027, se proponía sustituir el certificado de discapacidad por un criterio de “invalidez laboral”, eliminar la actualización mensual de aranceles a prestadores y hacer que la pensión fuera incompatible con el empleo formal.
Sin embargo, ante la presión de la oposición para prorrogar la emergencia, el oficialismo presentó su propia ley, cediendo en gran parte de los reclamos. El texto, aprobado por Diputados el 22 de octubre con 237 votos, mantiene la pensión en el 70% del haber mínimo, la compatibilidad con el trabajo registrado, la actualización mensual del nomenclador único y un plazo de 90 días para cancelar una deuda de 278.000 millones de pesos con los prestadores. El Senado votará esta ley el próximo 19 de noviembre.
A pesar de este avance legislativo, persiste una contradicción técnica: el capítulo del Presupuesto 2027 que deroga la actualización de aranceles permanece vigente. Al respecto, la diputada Victoria Tolosa Paz advirtió que la ley no podrá cumplirse si se aplica el presupuesto propuesto. En sintonía con esto, la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal había alertado previamente que “los gestos solos no alcanzan”.
