El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, ha emitido la convocatoria oficial para la realización de la primera sesión ordinaria de la Legislatura 2026-2027. De acuerdo con el documento oficial, el encuentro está programado para llevarse a cabo este miércoles 11 de noviembre, iniciando puntualmente a las 10:00 horas. Esta jornada tiene como objetivos principales el acto formal de inauguración del nuevo periodo parlamentario y la presentación del informe de gestión correspondiente al presidente del Estado, Rodrigo Paz, documento que, según se reportó, debió ser leído durante la jornada anterior.
Para el desarrollo de esta sesión, se ha establecido un orden del día compuesto por cuatro puntos específicos. El primero de ellos se centra en el tratamiento de la correspondencia recibida por la instancia. El segundo punto contempla la intervención y palabras del Vicepresidente Edmand Lara. Posteriormente, se procederá con el acto formal de inauguración de la Legislatura 2026-2027 y, finalmente, se dará paso al informe de gestión del presidente Rodrigo Paz.
A pesar de la formalización de la convocatoria, el clima político permanece tenso debido a la controversia que rodea a la sesión de clausura de la Legislatura 2025-2026. Dicha sesión tuvo lugar el pasado viernes 6 de noviembre y fue conducida por el presidente del Senado, Diego Ávila. En este sentido, Edmand Lara ha sido enfático al señalar que la decisión de convocar al nuevo periodo legislativo no implica, bajo ninguna circunstancia, que se esté validando lo ocurrido durante aquella plenaria.
En el documento firmado por el vicepresidente, Lara dejó constancia explícita de su postura, afirmando que la presente convocatoria y la ejecución del acto inaugural no constituyen, por parte de su Presidencia, un reconocimiento, ratificación ni convalidación de la sesión N.º 20 de la Legislatura 2025-2026. Esta declaración subraya la persistencia del conflicto interno sobre la legitimidad de los actos realizados el viernes pasado.
El camino hacia esta convocatoria estuvo marcado por presiones institucionales. Los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, respectivamente, remitieron una carta conjunta dirigida al Vicepresidente. En dicha misiva, solicitaron formalmente la instalación de la Legislatura 2026-2027, argumentando que la apertura del nuevo periodo legislativo no debía quedar condicionada por la disputa generada en torno a la sesión de clausura. Asimismo, los presidentes de ambas cámaras advirtieron que, ante una eventual falta de respuesta, recurrirían a las acciones constitucionales y legales pertinentes.
Paralelamente a la convocatoria, Edmand Lara mantiene sus observaciones críticas respecto a la competencia con la que se desarrolló la sesión del viernes 6 de noviembre. El vicepresidente ha manifestado que se reserva el derecho de iniciar las acciones constitucionales y legales que correspondan al caso. En su análisis, sostiene que la determinación final sobre la validez de los actos cuestionados no corresponde a su instancia, sino que deberá ser asumida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quien deberá resolver el asunto en el marco de los procesos respectivos.
El origen de este conflicto se remonta a la sesión de clausura de la legislatura anterior. Durante aquel encuentro, el vicepresidente Lara abandonó el hemiciclo tras cuestionar la impuntualidad de los legisladores presentes y denunciar que no se contaba con el quórum necesario para dar continuidad a la plenaria. Tras el retiro de Lara, el presidente del Senado, Diego Ávila, asumió la conducción de la sesión. Bajo este liderazgo, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó diversas resoluciones destinadas a aplicar el régimen de suplencia y declaró formalmente clausurada la Legislatura 2025-2026.
La tensión escaló el día sábado, cuando Lara convocó a una reunión de emergencia con Roberto Castro y Diego Ávila. Sin embargo, el encuentro no se concretó debido a que los presidentes de las cámaras no asistieron a la citación, justificando su ausencia mediante el argumento de una "imposibilidad material". Este hecho profundizó la brecha entre la Vicepresidencia y las jefaturas de las cámaras legislativas, situando la instalación de la nueva legislatura en un escenario de fragilidad jurídica y política.
