La Sala Plena de la Corte Constitucional ha determinado que no resolverá de fondo la disputa jurídica sobre qué entidad debe liderar las investigaciones penales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al declararse inhibida, el alto tribunal ha dejado el camino despejado para que el proceso continúe bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, organismo que ya venía adelantando las pesquisas correspondientes.
La controversia legal giraba en torno a si la competencia para investigar la presunta responsabilidad del exmandatario en diversos crímenes y masacres cometidas en el departamento de Antioquia durante la década de los 90 debía recaer en la Fiscalía o en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Tras el análisis de la Sala Plena este miércoles 9 de noviembre, se decidió que el ente investigador mantendrá el control del expediente.
La decisión fue presentada por la magistrada Paola Meneses, quien actualmente preside la Corte Constitucional y actuó como ponente del caso. El fallo fue el resultado de una votación en la que prevaleció la postura de siete magistrados a favor de la inhibición, mientras que dos salvaron su voto: Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis. Según se ha dado a conocer, la ponencia de la magistrada Meneses argumentó que la petición para solucionar el conflicto presentaba una "no configuración de los presupuestos normativo y objetivo".
El núcleo de la investigación contra Álvaro Uribe Vélez se centra en sus presuntos nexos con el paramilitarismo y su posible responsabilidad en hechos violentos ocurridos en Antioquia hace tres décadas. Específicamente, el proceso analiza la conformación de un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque, así como la perpetración de las masacres de El Aro y La Granja. Asimismo, el expediente incluye las indagaciones sobre el asesinato del líder defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El conflicto de competencias surgió el pasado 26 de agosto, cuando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitó formalmente que se le remitiera el expediente. El presidente de dicha comisión, el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, fundamentó esta petición en la hipótesis de que Uribe Vélez pudo haber participado en el delito de concierto para delinquir. Cuenca Chaux señaló que tales hechos habrían ocurrido en relación con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro, organización cuyo accionar el exmandatario presuntamente habría facilitado y promovido.
El argumento central del Congreso era que, dado que Álvaro Uribe ejerció la presidencia de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, y que algunos de los hechos investigados habrían ocurrido hasta el año 2003, existía una razón objetiva para que la Comisión asumiera el conocimiento como "juez natural". La Comisión resaltó que, por ley, el Presidente de la República posee la condición de aforado, lo que implica que su investigación corresponde a la Cámara de Representantes para una eventual acusación ante el Senado, y su juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia en caso de delitos comunes.
No obstante, la Fiscalía General de la Nación rechazó tajantemente la solicitud de remisión del expediente. El ente investigador sostuvo que los hechos objeto de la indagación ocurrieron antes de que Uribe Vélez llegara a la Casa de Nariño, específicamente durante el periodo en que se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia. Bajo esta premisa, la Fiscalía argumentó que, al no atribuirse las conductas al investigador en su condición de Presidente de la República, la competencia actual recae sobre la Fiscalía General de la Nación, siguiendo los derroteros de la Ley 600 de 2000.
Cabe recordar que estas investigaciones se reactivaron formalmente el pasado 18 de junio, fecha en la que el propio expresidente informó haber sido llamado a indagatoria. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia busca esclarecer los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. La hipótesis del ente investigador es que el exmandatario habría promovido el accionar de grupos armados que utilizaron la Hacienda Guacharacas como base de operaciones, afectando gravemente la seguridad y los derechos humanos en la región antioqueña.
