En la comunidad de Bella Vista, se llevó a cabo una asamblea convocada por diversos sectores sociales, políticos y profesionales del derecho, con el propósito fundamental de trazar estrategias de articulación ciudadana. Este encuentro surge como una respuesta organizada frente a la compleja coyuntura que atraviesa el país, buscando establecer mecanismos de coordinación que permitan a la sociedad civil actuar de manera conjunta y coherente ante los desafíos actuales.
La reunión contó con una representación diversa de actores sociales y políticos. Entre los asistentes destacó la participación de Proyecto Guayana, organización liderada por Francisco Cardiel, quien aportó la visión de su movimiento al debate. Asimismo, el encuentro sumó la experiencia técnica y legal del abogado Franklin Rojas y la intervención de Estefan Jambazinan, quienes, junto a líderes comunitarios como Edgar Valdivieso y Edgar Maestre, coordinaron los puntos principales de la agenda. La presencia de estos perfiles demuestra un esfuerzo por integrar el conocimiento jurídico con la movilización política y el liderazgo territorial de las bases comunitarias.
Durante el desarrollo de la asamblea, uno de los ejes centrales de discusión fue la necesidad imperativa de organizar la presión social. Los voceros y asistentes enfatizaron que existe una urgencia crítica en exigir la renovación de dos de las instituciones más relevantes del Estado: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según lo planteado en el encuentro, la reestructuración de estos organismos es vista como un paso necesario para abordar la situación política del país, subrayando que la movilización ciudadana es la herramienta principal para hacer valer estas demandas.
De manera complementaria a las exigencias institucionales, los dirigentes y profesionales presentes hicieron un llamado directo a la población general. Exhortaron a los ciudadanos a mantenerse en un estado de preparación y alerta ante un eventual escenario electoral. Esta advertencia sugiere la importancia de que la ciudadanía no permanezca pasiva, sino que se organice y esté lista para enfrentar los procesos electorales que puedan surgir, asegurando así una participación activa y consciente en el futuro político de la nación.
Más allá de las demandas institucionales y electorales, la asamblea sirvió como plataforma para denunciar la realidad material que viven los habitantes de la región. Los voceros alertaron sobre la severa crisis socioeconómica que afecta al estado Bolívar, haciendo especial hincapié en el colapso de los servicios públicos. Esta situación ha sido descrita como un factor crítico que deteriora la calidad de vida de la población bolivarense, convirtiendo la falta de servicios básicos en un punto neurálgico de la problemática regional que debe ser atendida con urgencia.
En el ámbito laboral, los participantes de la asamblea manifestaron su firme solidaridad con los trabajadores de las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Se reconoció la difícil situación que atraviesan los empleados de estas industrias, que son el motor económico de la región pero que actualmente enfrentan precariedades significativas.
Finalmente, los líderes sociales y políticos presentes en Bella Vista expresaron un rechazo categórico hacia las acciones de hostigamiento dirigidas contra las protestas laborales en la región. Condenaron cualquier intento de silenciar las demandas de los trabajadores, reafirmando que el derecho a la protesta y a la reivindicación laboral debe ser respetado. La asamblea concluyó reafirmando el compromiso de mantener la articulación entre los movimientos sociales, los profesionales del derecho y los dirigentes políticos para dar continuidad a las estrategias trazadas durante el encuentro.
