El economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Humberto García Larralde, ha planteado la urgente necesidad de una reforma integral del Estado venezolano para rescatar al país de la ruina económica y social. Según el análisis, Venezuela parte actualmente de un escenario de "cero", situándose en niveles de prosperidad comparables a los de Haití, Nicaragua y Honduras, tras un cuarto de siglo de expoliación.
En el contexto político actual, se observa que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha iniciado una etapa de campaña electoral, prometiendo para el próximo año cuatro ajustes salariales, inversiones y la recuperación de los servicios públicos. No obstante, estas ofertas son vistas con escepticismo, ya que Rodríguez ha formado parte del gobierno que contribuyó a crear los problemas que ahora pretende resolver.
Para lograr una recuperación real, la reforma del Estado debe fundamentarse en los preceptos constitucionales que resguardan la estabilidad macroeconómica. Esto implica el cumplimiento estricto del artículo 311 sobre el equilibrio presupuestario plurianual, los límites al endeudamiento anual y la prohibición del financiamiento monetario del gasto público establecida en el artículo 320. Asimismo, es imperativo garantizar la autonomía del Banco Central, conforme al artículo 318, para asegurar la estabilidad de los precios y preservar el valor de la moneda tanto interna como externamente.
Uno de los desafíos más críticos es la gestión de la deuda externa. Venezuela se encuentra en default desde 2017, con una deuda nominal que supera el doble del Producto Interno Bruto (PIB) y es seis veces mayor que el monto de sus exportaciones previstas para 2025. Para recuperar el acceso a los mercados financieros internacionales, el país requiere una reestructuración compleja que incluya la dispensa de la licencia 58 de la OFAC y el asesoramiento técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El apoyo del FMI es considerado esencial para fundamentar la obtención de años de gracia, la extensión de plazos y rebajas en el principal y los intereses, mediante un análisis de sostenibilidad de deuda (DSA). Sin embargo, se advierte que el gobierno de facto ha marginado al organismo multilateral al contratar a CenterView Partners para este proceso, una firma vinculada presuntamente a personeros del gobierno de Estados Unidos, lo que resta transparencia a la operación.
En cuanto al sector petrolero, la principal fuente de ingresos del país, se estima que retornar a los niveles de producción anteriores requeriría inversiones superiores a los 100 mil millones de dólares en un periodo de ocho años o más. Esta recuperación depende de resolver las deficiencias del servicio eléctrico y de atraer a las empresas internacionales más importantes, dado que Pdvsa se encuentra en una situación crítica. Al respecto, se cuestiona la legitimidad del gobierno interino y la opacidad del acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump, específicamente la concesión a la empresa Nabep, cuya gestión genera desconfianza.
En el ámbito monetario, el análisis señala que la política antiinflacionaria vigente ha fracasado, con una inflación anualizada del 465% para septiembre. Se propone modificar la estrategia actual, sustituyendo la astringencia monetaria y la reducción del gasto por acciones que permitan absorber productivamente el incremento de la liquidez, tales como el crédito, la inversión y la generación de empleo.
Para evitar los efectos de la "enfermedad holandesa" —donde la renta petrolera sobrevalora la moneda y socava la competitividad no petrolera—, se sugiere la creación de un fondo soberano externo, siguiendo el modelo de Noruega. Esto permitiría confinar la renta petrolera y evitar gastos procíclicos y manejos irregulares.
Finalmente, la recuperación económica debe ir acompañada de una diversificación productiva basada en políticas industriales horizontales, similares a las de Japón y los tigres asiáticos, fomentando la formación de talentos y la innovación. Todo este proceso requiere un marco de Estado de derecho, con reglas claras y seguridad jurídica. Para ello, es indispensable convocar elecciones limpias y confiables, con un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un Consejo Nacional Electoral (CNE) saneados, eliminando las inhabilitaciones y actualizando el registro electoral, permitiendo así que un gobierno legitimado por la soberanía popular lidere la reconstrucción nacional.
