El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia dentro de la Ley de Rescate Fiscal, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca mitigar el impacto económico en los hogares más vulnerables. La pieza central de esta medida es la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un mecanismo diseñado para proteger el bolsillo de millones de colombianos ante el incremento de la tarifa del 5% al 19% en productos básicos como el café, el azúcar, los aceites y la pasta.
Según las proyecciones oficiales, la implementación de esta ley permitiría que dos de cada tres colombianos mejoren sus ingresos. El Ejecutivo asegura que devolverá la totalidad del IVA a 19 millones de personas, quienes recibirían, en promedio, un monto mensual de 231.000 pesos. Asimismo, se contempla una devolución de hasta el 50% para otros 16,5 millones de ciudadanos, estableciendo además un monto mínimo para los más vulnerables, incluso en casos donde no se presente factura.
Sin embargo, el proyecto ha generado intensos debates en el Congreso y entre analistas económicos. La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, ha cuestionado la coherencia de las cifras gubernamentales. Según la congresista, la reforma solo propone la devolución del 100% para quienes perciban menos de 482.041 pesos mensuales, cifra que coincide con la población por debajo de la línea de pobreza monetaria, estimada en 14,44 millones de personas según el Dane, y no los 19 millones anunciados.
El punto más crítico de la discusión reside en el mecanismo de implementación denominado "EfectIVA", programado para iniciar el 1 de enero de 2028. Para acceder a los beneficios, que varían entre el 100%, 50%, 40% o 30% según el nivel de ingresos (con un límite de 5,5 UVT mensuales), los ciudadanos deben identificarse con su cédula al comprar y solicitar obligatoriamente la factura electrónica. La Dian registraría el impuesto y trasladaría la información a Prosperidad Social para el cálculo y posterior entrega de los recursos, ya sea mediante cuenta bancaria, depósito digital o giro postal para los no bancarizados, en periodos no mayores a 15 días calendario.
Expertos advierten que este requisito es el "talón de Aquiles" de la reforma. Jairo Núñez, investigador y analista económico, señala que los hogares más pobres realizan aproximadamente el 70% de sus compras en establecimientos que no emiten factura electrónica, como tiendas de barrio y plazas de mercado. Solo el 30% de su consumo ocurre en supermercados formalizados. Núñez sostiene que, aunque el sistema actual de exenciones beneficia desproporcionadamente a los más ricos —el 20% más acaudalado concentra la mitad de las exenciones—, el éxito de la nueva medida depende de una devolución efectiva.
Por su parte, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, ha sido enfático al afirmar que EfectIVA es la "vena aorta" de la reforma: si este sistema falla, todo el proyecto fracasa. Junco alerta sobre un riesgo para la economía popular, ya que los consumidores podrían migrar de las tiendas de barrio hacia las grandes superficies solo para obtener la factura electrónica, golpeando la sostenibilidad de los pequeños comerciantes. Además, critica que la devolución posterior obligue a las personas que viven al día a financiar temporalmente al Estado.
No todas las visiones son pesimistas. César Cermeño, director de la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, defiende que la reforma busca conciliar el recaudo fiscal con la progresividad. Cermeño argumenta que la exigencia de la factura electrónica podría incentivar la formalización de los pequeños comercios, apoyada en sanciones más severas y la reactivación de la "lotería fiscal", donde los consumidores participarían en sorteos estatales al solicitar sus facturas.
Desde el Centro Javeriano de Competitividad, Oliver Pardo advierte que la viabilidad de EfectIVA dependerá de la capacidad operativa de la Dian, recordando que procesos previos de devolución, como los de vehículos híbridos, han generado dudas sobre la eficiencia de la entidad. Pardo subraya la urgencia de realizar ajustes fiscales para evitar crisis financieras a largo plazo.
Como alternativa, analistas como Núñez proponen que el Gobierno utilice la información socioeconómica del Sisbén y Renta Ciudadana para calcular la devolución basándose en el gasto promedio de las familias, eliminando la dependencia de la factura electrónica. De implementarse este modelo, la compensación para los más pobres podría subir del 1% al 4% de los recursos destinados. Asimismo, Junco sugiere un modelo de dos niveles, inspirado en la tarjeta social de Uruguay, que permita una compensación general automática y un bono adicional para quienes sí formalicen sus compras con factura electrónica.
