La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ha sido formalmente promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando un punto de partida en la regulación de las transacciones electrónicas en el país. Tras su publicación, la Asociación Mexicana de Internet (AIMX), organismo que agrupa a diversas empresas de la industria tecnológica, manifestó su respaldo a la normativa, aunque este visto bueno ha venido acompañado de una serie de advertencias críticas sobre su implementación.
A través de un posicionamiento público emitido a inicios de noviembre, la AIMX reconoció que México enfrenta la necesidad apremiante de reducir su dependencia del dinero en efectivo. En este sentido, la organización considera que la ley representa un avance necesario para atender los pendientes históricos en materia de digitalización financiera, facilitando la transición hacia un ecosistema de pagos más moderno y eficiente.
Sin embargo, el respaldo de la asociación no es absoluto. La AIMX alertó que, si no se atienden las condiciones necesarias para facilitar esta transición, la aplicación de la legislación podría derivar en problemas graves de inclusión financiera, seguridad y privacidad. El punto central de la crítica reside en que, según la organización, la nueva legislación se basa en un diagnóstico incompleto de la realidad nacional.
Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la AIMX, fue enfático al señalar que la ley comete un error de premisa. “Nuestro respaldo viene acompañado de una advertencia: la ley parte de un diagnóstico incompleto: asume que la infraestructura ya existe y que sólo falta adopción”, afirmó el directivo. Para la asociación, el reto no es únicamente que las personas decidan adoptar las herramientas digitales, sino que existan las condiciones materiales y técnicas para que puedan hacerlo.
Desde la perspectiva de la AIMX, para que el país transite exitosamente hacia los pagos electrónicos, es indispensable garantizar elementos fundamentales como la capacitación de los usuarios, la generación de confianza en los sistemas, el acceso a conectividad estable, la disponibilidad de dispositivos adecuados y la existencia de reglas claras de privacidad. Asimismo, la organización subrayó la necesidad de tener certeza jurídica sobre quién asumirá los costos operativos de dicha implementación.
En cuanto a los plazos legales, la ley fue publicada en el DOF el pasado 4 de noviembre y entró en vigor el día 5 del mismo mes. A partir de esta fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con un periodo de 15 días hábiles para determinar cuáles serán los sectores económicos en los que el uso de pagos digitales se volverá obligatorio.
Ante este escenario, la AIMX ha presentado propuestas dirigidas a las autoridades con el objetivo de que las disposiciones secundarias no se conviertan en una barrera. La meta es impulsar la digitalización sin excluir a aquellas personas y negocios que todavía enfrentan obstáculos técnicos o económicos para recibir o realizar pagos electrónicos. La asociación identificó específicamente cinco vacíos legales que, de no corregirse, podrían transformar una ley diseñada para la inclusión en una fuente de exclusión, fraudes y litigios.
La preocupación por la exclusión se respalda en datos concretos. Un estudio presentado por la Concanaco Servytur ante la Cámara de Diputados reveló que, aunque el 94 por ciento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) cuenta con un teléfono celular y el 88 por ciento tiene acceso a internet, existe una brecha significativa en el uso comercial de estas herramientas. El 46 por ciento de estas empresas aún no acepta pagos con tarjeta, siendo las comisiones bancarias el principal obstáculo para la adopción de este método.
Otro eje crítico es la protección de datos personales. La AIMX señaló que el articulado de la ley carece de referencias explícitas a la privacidad, a pesar de que el sistema vincula la CURP con la identidad biométrica, la línea telefónica, las cuentas bancarias y las transacciones financieras, lo que eleva la sensibilidad de la información manejada.
Finalmente, la asociación cuestionó las facultades otorgadas a la SHCP para decidir en qué sectores el efectivo dejará de ser una opción de pago. La AIMX sostiene que hacen falta criterios claros, la realización de consultas públicas, la definición de límites por monto y la creación de mecanismos de defensa para quienes resulten afectados por estas medidas. Así, mientras la Ley de Economía Digital avanza en su aplicación, persiste una tensión entre el objetivo de modernización y los riesgos operativos y sociales advertidos por el sector tecnológico.
