La Agencia Catalana de Consumo ha impuesto una sanción económica ascendente a 77.001 euros a la cadena de supermercados Lidl. Esta resolución responde a una serie de infracciones detectadas que incluyen la aplicación de publicidad engañosa, la falta de colaboración con las autoridades competentes durante los procesos de inspección y la vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores en la comunidad autónoma.
Ante la notificación de la sanción, la compañía alemana decidió aceptar la propuesta de resolución. De acuerdo con la normativa vigente, Lidl se acogió al plazo de 15 días hábiles habilitado para obtener una reducción en la cuantía de la multa, procediendo así al abono de 38.500,50 euros, cifra que representa exactamente la mitad de la sanción total impuesta por el organismo regulador.
El origen de este expediente sancionador se remonta a abril de 2024, cuando la organización Facua-Consumidores en Acción presentó una denuncia formal ante la Agencia Catalana de Consumo. La asociación detectó las irregularidades a través de sus estudios mensuales de seguimiento de precios, los cuales se realizan de manera sistemática en ocho de las principales cadenas de distribución que operan en el país. Durante este análisis, Facua observó que Lidl anunciaba descuentos en diversos productos cuyos precios finales eran idénticos a los que se habían aplicado el mes anterior, momento en el cual los artículos no estaban sujetos a ninguna oferta.
La multa total de 77.001 euros se ha desglosado en tres partidas diferenciadas según la gravedad y la naturaleza de la falta. La primera partida, dotada con 35.000 euros, se debe a la implementación de publicidad que puede inducir a error, engaño o confusión al consumidor, o que bien omite datos fundamentales sobre las características reales de los productos ofertados.
La segunda partida, también por un importe de 35.000 euros, penaliza la actitud de la cadena de supermercados frente a la administración. Lidl fue sancionada por no facilitar la información requerida por los inspectores durante las labores de control y supervisión, lo que se traduce en una falta de colaboración con las autoridades. Finalmente, la tercera partida, de 7.001 euros, responde al incumplimiento de los derechos lingüísticos. La inspección constató que los tickets de compra no estaban redactados en catalán, contraviniendo así la normativa autonómica obligatoria en materia de consumo.
En cuanto al mecanismo de publicidad engañosa, Facua rastreó detalladamente el patrón de precios en los establecimientos de Lidl. La asociación comprobó que diversos artículos aparecían con un supuesto descuento, señalizado en color rojo en la etiqueta, referenciado a un precio anterior que no se correspondía con la realidad de los treinta días previos a la oferta.
Un ejemplo concreto aportado en la documentación gráfica entregada a la Generalitat fue el de un brik de leche sin lactosa de un litro de la marca Milbona. En el mes de junio, el producto se ofrecía a 0,99 euros, mostrando un precio anterior tachado de 1,03 euros. Sin embargo, la investigación reveló que el precio habitual durante el mes previo ya era de 0,99 euros. Facua señaló que este mismo procedimiento se repitió en otros productos básicos, concretamente en paquetes de pasta y en huevos.
Según sostiene la asociación de consumidores, la cadena exponía precios anteriores artificialmente elevados para simular una rebaja inexistente. Esta práctica afecta directamente la capacidad de los consumidores para realizar comparaciones reales de ofertas en el mercado.
Desde el punto de vista legal, el artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, es claro al respecto: siempre que se oferten artículos con reducción de precio, debe figurar con claridad el precio anterior junto al reducido, excepto en productos que se venden por primera vez. La norma define el "precio anterior" como el menor precio aplicado sobre productos idénticos durante los treinta días precedentes a la oferta. La Agencia Catalana de Consumo confirmó que Lidl incumplió este requisito al anunciar valores que el artículo no había tenido en dicho periodo.
Pese a la sanción, Facua ha advertido que multas de esta cuantía, considerando la facturación global de una empresa como Lidl, pueden enviar el mensaje equivocado. La organización sostiene que este monto podría hacer que incumplir la normativa resulte rentable para la empresa. Por ello, Facua reclama que las administraciones refuercen la vigilancia de las promociones comerciales y apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de los hechos, con el fin de que tengan una capacidad disuasoria real frente a este tipo de prácticas.
