La mesa legislativa, en la que predomina la mayoría oficialista, ha dado luz verde este miércoles a la proforma presupuestaria proyectada para el año 2027. A pesar de la aprobación general, el proceso no estuvo exento de controversias, registrándose los votos en contra de los asambleístas Diego Salas y Mabel Méndez, ambos representantes de la Revolución Ciudadana (RC), quienes manifestaron su desacuerdo con los términos y el destino de los fondos.
De acuerdo con la exposición técnica presentada durante la sesión, la propuesta presupuestaria asciende a un total de 50 mil 213 millones de dólares. Esta cifra representa el 35,18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal proyectado para el año 2027, el cual se ha estimado en 142 mil 725 millones de dólares. Asimismo, el documento técnico contempla una proyección de crecimiento económico del 2,5 por ciento y una tasa de inflación situada en el 2,2 por ciento.
Los legisladores que respaldaron el informe técnico basaron su defensa en la mejora de los indicadores fiscales. Sostuvieron que la proforma permite reducir el déficit fiscal global en 1 mil 14 millones de dólares en comparación con las cifras de 2026. Bajo este esquema, el déficit se situaría en 4 mil 411,85 millones de dólares, lo que equivale al 3,1 por ciento del Producto Interno Bruto.
Sin embargo, esta visión optimista fue cuestionada severamente por la asambleísta Mabel Méndez. La legisladora advirtió que el presupuesto mantiene un déficit permanente de 1 mil 33,17 millones de dólares, el cual tendría que ser cubierto mediante ingresos no permanentes. Además, Méndez puso en duda la naturaleza de los fondos destinados a la inversión, señalando que una parte de estos recursos corresponden en realidad a la preservación de capital y no a la creación de nueva capacidad productiva para el país.
La preocupación de la oposición se extendió hacia el ámbito social y educativo. Méndez objetó específicamente las reducciones en las asignaciones presupuestarias destinadas a la Universidad de Cuenca y a otras 19 instituciones públicas de educación superior. Por su parte, el asambleísta Diego Salas detalló recortes significativos que afectarían directamente a la ciudadanía, destacando una disminución de 156,60 millones de dólares en bonos sociales y una reducción de 75,90 millones de dólares en bienes y servicios orientados a patrulleros, escuelas y hospitales.
Tras la aprobación en la mesa legislativa, la proforma presupuestaria de 50 mil 213 millones de dólares pasará a una nueva etapa de revisión. El pleno de la Asamblea Nacional analizará el documento este próximo viernes 6 de noviembre.
Paralelamente a los debates legislativos, el presupuesto estatal ha comenzado a enfrentar desafíos en el ámbito judicial. Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó este miércoles una demanda ante la Corte Constitucional. Esta acción legal fue impulsada conjuntamente con el Frente de Jubilados y el Frente de Pacientes Renales.
Los colectivos interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la disposición gubernamental que permitiría que sectores críticos y esenciales, como la justicia, la educación y la salud, se financien el próximo año a través de ingresos no permanentes. Entre estas fuentes de financiamiento se incluyen la venta de activos, la deuda externa y los recursos provenientes del petróleo.
Andrés Quishpe sostuvo que existen fuentes alternativas, específicamente ingresos tributarios como la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), que permitirían cubrir las necesidades de estas áreas fundamentales sin depender de recursos variables y volátiles.
El dirigente de la UNE también lanzó duras críticas sobre la gestión de los recursos públicos actuales. Afirmó que, con corte a septiembre, la ejecución consolidada del presupuesto educativo alcanzó apenas el 64 por ciento. En un escenario más crítico, señaló que la inversión en equipamiento e infraestructura de salud llegó únicamente al 12,5 por ciento. Para finalizar su denuncia, Quishpe subrayó una disparidad en las prioridades del gasto estatal, asegurando que por cada dólar invertido en el área social, se destinan 25 dólares al pago de la deuda externa.
