El Ministerio Público ha presentado una imputación formal contra 27 personas vinculadas a Ueno Bank y diversas empresas relacionadas, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras. El principal imputado es Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien se desempeña como vicepresidente 1° de la entidad bancaria. Junto a él, figuran otros directivos del banco y representantes de firmas ligadas al esquema económico bajo investigación.
En cuanto a las medidas cautelares, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta solicitaron la aplicación de la prisión preventiva específicamente para Miguel Vázquez. Para otros siete directivos de Ueno Bank, la Fiscalía pidió el arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica para asegurar su monitoreo. Para los 19 investigados restantes, la solicitud se limitó a la aplicación de fianzas.
El proceso judicial quedó radicado en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, liderado por el juez Rodrigo Estigarribia, quien llevará a cabo la audiencia de imposición de medidas este jueves 5 de noviembre a partir de las 7:30. Previamente, el juez Humberto Otazú, de turno en la Oficina de Atención Permanente, procedió al procesamiento de los 27 imputados.
La trama se centra en la gestión de Ueno Bank SA, entidad encargada de la intermediación financiera mediante la captación de recursos del público y su posterior colocación en préstamos. Según la imputación, entre los años 2025 y 2026, los integrantes del directorio habrían autorizado operaciones financieras que comprometieron negativamente los activos del banco, los cuales estaban compuestos principalmente por fondos de terceros.
Esta situación provocó que el índice de solvencia de Ueno Bank cayera por debajo del 50% del mínimo exigido por la ley. Como consecuencia, el 2 de noviembre de 2026, el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) emitió la Resolución Nº 1, disponiendo el inicio del Proceso de Resolución de la entidad.
La Superintendencia de Bancos identificó que la disminución de la solvencia se debió a tres grupos de operaciones. En primer lugar, se señala a las empresas MOWI SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Aunque Ueno Bank solicitó la desvinculación de estas firmas en octubre de 2025, la autoridad bancaria determinó que dicha desvinculación ocurrió únicamente en los papeles, ya que no se remitieron los documentos respaldatorios.
Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, el banco otorgó préstamos y sobregiros a estas empresas vinculadas. En el caso de MOWI SA, los créditos sumaron un total de G. 254.157.320.385, monto que quedó como deuda pendiente. La investigación reveló que estos fondos fueron transferidos casi inmediatamente a cuentas de ITTI SAECA, REDISA y REDIPRO, utilizándose para reducir sobregiros o pagar facturas y cheques en otros bancos, en lugar de destinarse a la actividad propia de la empresa.
Por su parte, Grupo Hendy SA recibió tres créditos entre 2025 y 2026 por un total de G. 252.521.261.384. La Superintendencia de Bancos advirtió que estas operaciones no se ajustaban a las condiciones normales del mercado debido a los montos elevados en relación con la capacidad de la empresa. Los fondos fueron canalizados hacia REDIPRO SA e ITTI SAECA, y posteriormente a otras cuentas mediante transferencias Sipap.
Respecto al Grupo M SA, se otorgaron créditos por G. 237.105.585.238 sin garantías reales y sin una estructura de repago proporcional. La imputación destaca que la deuda de largo plazo de esta firma superó en 11,85 veces sus ingresos del periodo analizado, reflejando un endeudamiento insostenible frente a su generación de recursos.
Además, se investigan operaciones con TUIU SA, FRANEDE SA y AIME Corredores de Seguros, donde se detectó un patrón de otorgamiento de créditos a entidades vinculadas con deficiencias en los controles de riesgo. También se identificaron patrones similares en firmas como Nuevo Mundo Entertainment SA, Nubicom SA, GSR EAS, Office Design SRL, Grupo Berilo SA y Galadriel SA.
Un punto crítico de la investigación es la transferencia de la cartera de clientes de Ueno Bank a Vinanzas SA, operación valorada en US$ 74.418.418,12. Aunque se instrumentó como una venta al contado para evadir la prohibición de ventas financiadas a personas vinculadas, la trazabilidad de los fondos mostró que Vinanzas SA utilizó recursos provenientes de empresas que, a su vez, habían sido financiadas por el propio Ueno Bank.
Finalmente, el Ministerio Público ha solicitado medidas reales sobre los bienes de los 27 imputados y de las empresas MOWI SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA, FRANEDE SA, AIME SA, Corredores de Seguros y VINANZAS SA, solicitando la inhibición general de vender y gravar bienes, así como la inmovilización preventiva de sus cuentas bancarias a través del Banco Central del Paraguay.
