El Gobierno de Bolivia ha reportado resultados significativos en su lucha contra el tráfico de sustancias controladas, logrando una afectación económica estimada en cerca de 100 millones de dólares para las organizaciones dedicadas al narcotráfico en un periodo de nueve meses. Estas cifras son el resultado de una intensa actividad operativa y la implementación de un nuevo marco estratégico diseñado para desmantelar no solo el flujo de estupefacientes, sino la infraestructura financiera y logística de las redes criminales.
De acuerdo con los datos oficiales presentados este domingo 13 de septiembre de 2026, las fuerzas de seguridad han ejecutado un total de 8.116 operativos en todo el territorio nacional. Estas intervenciones han permitido la aprehensión de 2.333 personas, quienes se encuentran vinculadas a diversas actividades ilícitas relacionadas con la producción y distribución de drogas. El balance total de sustancias confiscadas asciende a 399 toneladas, lo que evidencia la magnitud de los cargamentos que circulaban por el país.
El desglose de las incautaciones detalla que las autoridades aseguraron más de 16,5 toneladas de cocaína, cifra que engloba tanto la pasta base como el clorhidrato de cocaína. Asimismo, el volumen más representativo de los decomisos corresponde a la marihuana, con un total de más de 377 toneladas retiradas del mercado ilegal. Estos operativos forman parte de una nueva metodología de combate al crimen organizado que busca atacar los puntos vulnerables de las estructuras delictivas.
Esta ofensiva se enmarca en la Política Antidroga 2026-2030, un plan integral que cuenta con el respaldo y acompañamiento de organismos internacionales de prestigio, específicamente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA. La estrategia se fundamenta en nueve ejes operativos, entre los cuales destacan la inteligencia financiera, la incautación de bienes, la interdicción, el control estricto de sustancias químicas y la erradicación responsable de los cultivos de coca.
Un aspecto central de esta nueva política es la capacidad de identificar y neutralizar a los liderazgos de las organizaciones criminales. En este sentido, las autoridades del Gobierno Central informaron sobre la expulsión de 17 ciudadanos extranjeros considerados como “blancos de alto valor”. Estos individuos estarían vinculados a organizaciones criminales de gran envergadura y peligrosidad, tales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, lo que sugiere un esfuerzo por evitar que Bolivia sea utilizada como base de operaciones por mafias internacionales.
En cuanto al desmantelamiento de la infraestructura productiva, el informe detalla la destrucción de 468 fábricas de droga y 93 laboratorios especializados en los procesos de cristalización y reciclaje. Además, se anularon 14 pistas de aterrizaje clandestinas, herramientas fundamentales para el traslado rápido de sustancias hacia otros destinos.
El impacto logístico y material ha sido igualmente severo. Las fuerzas antidroga reportaron el secuestro de una cantidad considerable de bienes vinculados al narcotráfico, incluyendo 66 avionetas, 672 vehículos y 420 inmuebles. El secuestro de estas propiedades es una pieza clave de la estrategia de afectación económica, ya que priva a los criminales de los medios necesarios para transportar la droga y albergar sus centros de mando.
Finalmente, el Gobierno destacó que la pérdida de cerca de 100 millones de dólares para el negocio del narcotráfico se concentra principalmente en la pérdida de logística, propiedades e insumos. El objetivo final de este cambio de enfoque es limitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales, impidiendo que amplíen su presencia tanto en Bolivia como en la región, al atacar directamente la estructura económica que sostiene sus actividades ilícitas.
