La aprobación del Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2027 se encuentra en una situación de incertidumbre jurídica debido a la intervención de la Sala Constitucional. La falta de una aprobación definitiva antes del 30 de noviembre podría desencadenar una disputa legal sobre cuál plan de gastos debe entrar en vigencia, luego de que dos medidas cautelares emitidas por el tribunal emitieran la suspensión de la discusión y votación del proyecto en su segundo debate.
Las resoluciones de la Sala Constitucional, publicadas el pasado 9 de noviembre, surgieron como respuesta a consultas relacionadas con dos puntos críticos del proyecto. El primero se refiere a las restricciones impuestas al Poder Judicial para el uso de casi ¢30 mil millones, mientras que el segundo punto trata sobre el recorte de ¢8.048 millones destinado al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El marco legal que rige este proceso es el Artículo 178 de la Constitución Política, el cual obliga estrictamente al Congreso a aprobar el presupuesto antes del 30 de noviembre. No obstante, el escenario actual ha generado criterios contrapuestos entre expertos y legisladores sobre las consecuencias de no completar el trámite en el plazo establecido.
Nogui Acosta, diputado oficialista y exministro de Hacienda, sostiene que, en caso de no lograrse la aprobación, entraría en vigor el presupuesto planteado inicialmente por el Poder Ejecutivo. Esta interpretación implicaría retomar el documento enviado por el Ministerio de Hacienda el 1 de septiembre, descartando todas las modificaciones introducidas durante la discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Acosta advirtió que este escenario sería sumamente complicado, ya que se perderían recursos fundamentales redistribuidos durante el proceso legislativo. Entre los afectados se encuentran la seguridad portuaria, el proyecto de la carretera a San Carlos y, especialmente, los recursos de Fodesaf. Según el diputado, la ausencia de esta redistribución dejaría sin fondos el régimen no contributivo, las becas Avancemos y los comedores escolares.
Por otro lado, Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda, discrepa de esta visión. Para Rodríguez, el documento que recibió el respaldo legislativo en primer debate es el que debería darse por aprobado. Argumenta que la Constitución Política no plantea una opción de rechazo y que la Sala Constitucional ha señalado en ocasiones anteriores que el presupuesto queda aprobado el día límite, independientemente de los sucesos ocurridos.
Para intentar evitar que estas discusiones se prolonguen, el Reglamento de la Asamblea Legislativa cuenta con el artículo 205. Esta norma dispone que el 27 de noviembre, a las 11:55 p. m., el proyecto se tendrá por aprobado en primer debate si la discusión continúa pendiente. Asimismo, establece que el 29 de noviembre, a las 11:30 p. m., debe agotarse la discusión y someterse el proyecto inmediatamente a votación en segundo debate. Sin embargo, el reglamento no indica explícitamente que el proyecto quede aprobado automáticamente si no se concreta una votación definitiva.
La Procuraduría General de la República también ha analizado este vacío legal en su opinión jurídica OJ-163-2014, advirtiendo que la Constitución no ofrece una respuesta expresa ante la falta de aprobación. La Procuraduría sugirió dos soluciones extraordinarias: dar por aprobado el texto del primer debate o mantener vigente el presupuesto del año anterior, aunque aclaró que ninguna de estas opciones es una consecuencia automática regulada.
Existen antecedentes parlamentarios que complican aún más el panorama. En noviembre de 2005, el presidente legislativo Gerardo González resolvió que, ante una ruptura del quórum el 29 de noviembre, prevalecería el texto aprobado en primer debate, resolución que fue respaldada por el Plenario. En contraste, en 2014, bajo la presidencia de Henry Mora, se rechazaron los dictámenes y el proyecto original del gobierno de Luis Guillermo Solís, pero Mora emitió una resolución para aprobar el texto original del Ejecutivo en primer debate. No obstante, en 2015, la Sala Constitucional determinó que el actuar de Mora lesionó el principio democrático y los derechos de los diputados, aunque mantuvo la eficacia de la ley.
La diferencia clave en 2026 es que el proyecto para 2027 ya superó el primer debate, existiendo un texto legislativo vigente. Mientras tanto, el Congreso permanece a la espera de que la Sala Constitucional resuelva los cuestionamientos sobre el Poder Judicial y el FEES. Fernando Rodríguez estima que la Sala podría declarar la inaplicabilidad de ciertas normas de ejecución, aunque advierte que revertir el recorte al FEES sería más complejo debido a las restricciones para modificar partidas presupuestarias.
Actualmente, la discusión y votación en segundo debate siguen suspendidas. El plazo constitucional vence el próximo domingo 29 de noviembre, fecha en la que el Reglamento Legislativo permite sesionar para intentar resolver la crisis presupuestaria.
