En una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la coherencia de su discurso anticorrupción, los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron una moción para investigar a la empresa brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., la cual ha sido adjudicataria de millonarios contratos con el Estado costarricense.
El centro de la controversia radica en la adquisición de 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos por un monto de 6.500 millones de colones. Según se ha reportado, la empresa SGSV fue seleccionada para este contrato mediante un proceso de adquisición de emergencia ordenado por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Laura Fernández, lo que presuntamente permitió que la elección de la compañía se realizara "a dedo".
La gravedad de la situación se intensifica al revelarse los vínculos financieros entre la empresa y la política. Se ha trascendido que dos figuras clave de SGSV participaron en el financiamiento de la campaña de Laura Fernández. Específicamente, Cristian Rodríguez, director de ventas de la firma brasileña, aportó 43 millones de colones en bonos de campaña del PPSO, mientras que el fiscal de la organización, Hermmoth Rothe, contribuyó con otros 9 millones de colones.
Ante estos indicios, la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), presentó una moción formal para que la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos abriera una investigación exhaustiva sobre las operaciones de la empresa en el país. Sin embargo, al momento de la votación, la fracción oficialista utilizó su peso político para frenar la iniciativa. La moción fue rechazada con 29 votos en contra, todos provenientes de los diputados oficialistas presentes en el plenario. En contraste, los 23 votos a favor fueron emitidos por la oposición, integrada por legisladores del Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN).
La diputada Dobles alertó que no se trata de un contrato aislado, sino de un patrón sistemático que ha comenzado a repetirse desde el inicio de la administración de Chaves Robles en 2022. Según la legisladora, SGSV ha logrado adjudicarse contratos que suman más de 8 mil millones de colones en menos de cinco años, a menudo mediante procesos especiales y sin demostrar la experiencia necesaria en las áreas contratadas.
La moción rechazada detallaba cuatro puntos críticos que, según la denuncia, urgían una investigación para esclarecer posibles actos de corrupción. Primero, el hecho de que la empresa haya actuado como oferente único en contrataciones masivas, como las ambulancias de Bomberos y equipos para el ICE. Segundo, el uso recurrente de procedimientos de excepción o "vías rápidas" en instituciones como Bomberos, el ICE y el AyA, evitando así los concursos abiertos exigidos por la ley de contratación pública.
Tercero, se señaló la falta de experiencia técnica de SGSV, ya que la empresa ha ganado contratos para rubros tan diversos como ambulancias, control de fugas de agua y tobilleras electrónicas, basando su capacidad únicamente en socios extranjeros. Finalmente, la moción denunciaba que el Estado terminó pagando montos superiores a los de otras empresas que ofrecían servicios similares a precios más bajos, particularmente en los casos de las tobilleras y las ambulancias.
Al ser consultado sobre la negativa de investigar hechos de tal magnitud, Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, justificó la postura argumentando que la solicitud era "prematura". Acosta afirmó que es necesario tener mayor claridad sobre los involucrados y los detalles de la contratación antes de tomar una decisión, sugiriendo que el tema podría evaluarse más adelante.
Esta postura ha sido analizada por el politólogo Sergio Araya, quien señaló que el accionar del oficialismo contradice los mensajes de lucha contra la corrupción que suelen promover. Araya indicó que resulta inconsecuente descartar investigaciones cuando existen indicios de irregularidades, sugiriendo que existe una línea sistemática donde la fracción oficialista descarta cualquier cuestionamiento que los involucre, aplicando lo que popularmente se conoce como un "doble rasero". Además, el experto mencionó que la justificación habitual del oficialismo para evitar este escrutinio es presentarse como víctimas de una persecución política.
A pesar de que la Asamblea Legislativa haya bloqueado la vía de investigación interna, el caso no ha quedado impune en otras instancias. Se ha confirmado que las investigaciones abiertas en la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) continúan su curso para determinar si existieron favorecimientos indebidos en el uso de los fondos públicos.
