El Senado de la República de Colombia se encuentra actualmente en el centro de una discusión legislativa que busca transformar la manera en que el país gestiona la disposición final de los cadáveres. Se trata del Proyecto de Ley 224 de 2025, conocido popularmente como la ‘Ley Despedida Ecológica’, el cual propone la implementación de la hidrólisis alcalina como una alternativa viable y sostenible frente a los métodos tradicionales de entierro y cremación.
Esta tecnología, que ya es utilizada en 25 países y que en Colombia se aplica actualmente en el sector de las mascotas, llegó a segundo debate en el Senado tras recibir un respaldo unánime en la Comisión Séptima. Sin embargo, el tránsito hacia la plenaria no ha sido tan fluido. Diversas inquietudes técnicas y regulatorias han provocado un retraso en su trámite, llevando a que se solicite la creación de una mesa técnica para analizar la viabilidad real de su aplicación en el territorio nacional.
La senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, ha sido una de las voces principales en la solicitud de este espacio de análisis. Según la legisladora, la plenaria ya aprobó la creación de dicha mesa técnica, la cual tiene como objetivo primordial resolver las dudas persistentes sobre si Colombia cuenta con las condiciones sanitarias, ambientales y regulatorias necesarias para adoptar este procedimiento. Hurtado enfatizó la necesidad de escuchar a las entidades competentes, especialmente a los ministerios de Salud y de Ambiente, para definir responsabilidades claras sobre el control de vertimientos, la ubicación de las instalaciones y la trazabilidad de los restos humanos.
En este escenario, el Ministerio de Ambiente, liderado por el ministro Fabio Arjona, ha emitido un concepto desfavorable frente a la iniciativa. La principal objeción del organismo ambiental no radica necesariamente en la tecnología en sí, sino en la estructura normativa del proyecto. El Ministerio argumenta que el articulado de la ley crea obligaciones que ya están contempladas en la legislación vigente. Específicamente, el ente gubernamental señala que las reglas sobre el uso del agua, el control de olores y la gestión de vertimientos ya están reguladas por instrumentos como el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 631 de 2015. Por lo tanto, el Ministerio considera innecesario imponer nuevas cargas administrativas para definir condiciones que ya cuentan con un marco regulatorio.
A pesar de esta postura, desde el Senado se ha aclarado que los conceptos emitidos por los ministerios no son vinculantes. La decisión final recaerá en el Congreso y en las conclusiones de la mesa técnica, donde también se analizarán los conceptos del Ministerio de Salud y de Medicina Legal. La senadora Hurtado reiteró que el propósito no es dilatar la discusión, sino asegurar que la decisión esté sustentada en evidencia técnica y no se tome a la ligera.
Uno de los puntos más llamativos de la propuesta es el impacto económico para las familias. De acuerdo con las estimaciones presentadas durante el debate, un entierro tradicional puede costar entre 30 y 35 millones de pesos, mientras que una cremación ronda los 8 millones. En contraste, el procedimiento de hidrólisis alcalina tendría un costo cercano a un millón de pesos. No obstante, la senadora Hurtado ha advertido que la decisión no puede basarse únicamente en términos económicos, insistiendo en que primero se debe garantizar la seguridad operativa, la infraestructura adecuada y la capacidad institucional de vigilancia.
El debate también ha involucrado a sectores privados. La Cámara Exequial, que agrupa a importantes parques cementerios, ha cuestionado la vía normativa utilizada para intentar incorporar esta tecnología, sosteniendo que requiere un respaldo legal más sólido. Por su parte, los promotores de la ley sugieren que estas objeciones responden a intereses económicos, argumentando que los mismos parques cementerios podrían implementar estas plantas e incluirlas en su portafolio de servicios, permitiendo que las familias elijan según sus creencias y posibilidades financieras.
Desde el punto de vista ambiental, los defensores de la hidrólisis sostienen que evitar la combustión directa reduce las emisiones contaminantes asociadas a la cremación. Sin embargo, el análisis técnico debe ser exhaustivo, ya que el balance ecológico depende también del consumo de agua, la energía utilizada, los insumos químicos y el tratamiento de los líquidos resultantes. Al respecto, la Resolución 717 del 21 de abril de 2026, expedida por el Ministerio de Salud, ya incorpora requisitos sanitarios para implementar este procedimiento, exigiendo el cumplimiento estricto de las normas ambientales y el control de efluentes.
Finalmente, la mesa técnica deberá resolver dudas críticas sobre la ubicación de estas instalaciones, especialmente para evitar que operen en zonas residenciales, cercanas a hospitales o instituciones educativas. La apuesta de los congresistas es lograr que el tema quede resuelto antes de que finalice el año, priorizando la responsabilidad sanitaria y la seguridad pública sobre la rapidez del trámite legislativo.
