Diversas organizaciones agrupadas en el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) llevaron a cabo el foro titulado “Derechos Laborales o Esclavitud Moderna”, con el objetivo de analizar la creciente incertidumbre que rodea los marcos regulatorios del empleo en El Salvador. Durante el encuentro, activistas, voceros sindicales y defensoras de los derechos de las mujeres presentaron análisis legales, históricos y de género para advertir sobre el riesgo de flexibilización laboral y un retroceso histórico en las conquistas obreras.
El foro se centró en denunciar las amenazas implícitas en las iniciativas que buscan modificar la jornada de trabajo legal. Héctor Rodríguez, vocero del MDCT y representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos, subrayó la importancia de que los trabajadores se mantengan organizados y atentos a los cambios legislativos. Rodríguez enfatizó la necesidad de estudiar la Constitución para comprender las modificaciones que el sistema pretende imponer sobre el futuro laboral del país.
En el análisis histórico, el MDCT recordó que la norma universal de los “tres ocho” —ocho horas de trabajo, ocho de recreación y ocho de descanso— no fue una concesión de los empleadores, sino el resultado de luchas obreras prolongadas. Este principio, que inició con Robert Owen en 1817 y fue impulsado por Karl Marx y los Mártires de Chicago, quedó consolidado globalmente en 1919 a través del Convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el caso de El Salvador, este derecho se consagró constitucionalmente en 1950 y permanece vigente en la Carta Magna de 1983, específicamente en los artículos 38 y 52, así como en el artículo 161 del Código de Trabajo.
Los ponentes contrastaron la situación nacional con la tendencia en otros países como Francia, Ecuador, Chile, Colombia y México, donde se avanza hacia la reducción de la semana laboral a rangos de entre 35 y 40 horas y se implementan leyes de desconexión digital. En sentido opuesto, señalaron que El Salvador atraviesa un proceso de precarización severa, especialmente en sectores como la hostelería, los centros de llamadas (call centers), la docencia, el trabajo doméstico y la seguridad privada. En estos rubros, se denunció la proliferación de salarios inferiores al mínimo, jornadas extendidas de 12 a 48 horas sin el pago de horas extraordinarias, la falta de afiliación al seguro social y el agotamiento físico extremo de los empleados.
Un punto crítico del foro fue la alerta ante la intención de implantar jornadas diarias de hasta 11 horas. Según el MDCT, este esquema fracturaría el orden legal vigente, ya que transformar las horas extras en un régimen permanente contradice la ley y pone en peligro el derecho al descanso semanal compensatorio.
La dimensión de género fue abordada por Roxana Rodríguez, integrante de la Asamblea Feminista, quien expuso la “falacia de la flexibilidad”. Rodríguez argumentó que el discurso comercial de la flexibilidad laboral, que promete conciliar la vida familiar y profesional, es en realidad un mecanismo para reducir costos corporativos. Este modelo impacta negativamente a las mujeres, quienes enfrentan una triple carga de trabajo: el remunerado, el doméstico no remunerado y el voluntariado comunitario o religioso.
Para sustentar esta denuncia, se citaron datos de la Encuesta de Uso del Tiempo 2022 del Banco Central de Reserva, que revelan que las mujeres con empleo remunerado dedican un promedio de 4 horas y 31 minutos diarios a tareas del hogar, mientras que los hombres dedican 2 horas y 47 minutos. En general, la carga doméstica femenina es de 6 horas y 20 minutos diarios, elevándose a 7 horas y 2 minutos en el rango de edad de 30 a 39 años. Asimismo, se destacó que en las Zonas Francas, donde el 55 % de la fuerza laboral son mujeres jefas de hogar, predominan la fatiga crónica y los desórdenes musculoesqueléticos. A esto se suma una brecha salarial donde las mujeres perciben entre un 24 % y un 36 % menos que los hombres en puestos de igual valor.
Ante este panorama, calificado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) con un nivel 4 de 5 en violaciones sistemáticas a los derechos laborales, las organizaciones presentaron la “Propuesta Nacional de la Clase Trabajadora por la Reducción de la Jornada, el Salario Digno y la Defensa del Tiempo de Vida”. Sonia Viñerta, de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, señaló que esta propuesta surge como resistencia en un contexto donde los sindicatos han sido debilitados o desaparecidos jurídicamente.
La propuesta se basa en la Recomendación 116 de la OIT y el concepto de Trabajo Decente, rechazando la jornada de 11 horas y planteando una reducción progresiva del tiempo de trabajo sin reducción salarial en tres etapas: primero, reducir la semana laboral de 44 a 40 horas; segundo, bajar a 36 horas mediante acuerdos sectoriales; y tercero, transitar hacia una jornada de 30 horas semanales (5 días de 6 horas) o una semana comprimida de 32 horas (4 días de 8 horas) con tres días de descanso rotativo.
Finalmente, las gremiales presentaron un decálogo de exigencias al Consejo Superior del Trabajo (CST), demandando transparencia en los cronogramas y estudios técnicos antes de enviar proyectos a la Asamblea Legislativa. Exigieron además la participación de sindicatos independientes, el pago estricto de nocturnidad y horas extras, la creación de redes públicas de cuidado y guarderías, y la garantía del derecho a la desconexión digital para proteger la salud mental y física de los trabajadores.
