El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, compareció ante el Congreso de la República para defender la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo. Durante su intervención, el titular del sector cuestionó la postura de diversos sectores de la oposición, quienes habrían anunciado su rechazo a la propuesta antes siquiera de escuchar los argumentos detallados o debatir los proyectos en las comisiones parlamentarias correspondientes.
Sheput señaló que existen parlamentarios que han planteado una negativa anticipada sin haber profundizado en las exposiciones de los ministros ni haber permitido que las propuestas se desarrollaran adecuadamente en el seno de las comisiones. Si bien el ministro reconoció que la oposición es un derecho político legítimo de las bancadas, advirtió que dicha postura no puede ignorar la crisis institucional, económica, laboral y de seguridad ciudadana que atraviesa el país actualmente. Según el funcionario, el derecho político de rechazar la medida choca directamente con una realidad nacional que calificó como "caótica".
En cuanto a la magnitud de la solicitud, el ministro explicó que el pedido comprende ocho materias y un total de 66 decretos legislativos. Justificó la amplitud de esta solicitud basándose en la gravedad de los problemas acumulados en los últimos cinco años. Sheput recordó que, en dicho periodo, el Perú ha tenido cuatro presidentes, lo que ha provocado un deterioro progresivo de la institucionalidad y un desorden generalizado que impacta en los ámbitos social, económico, político y de seguridad. Ante este escenario, el ministro sostuvo que el Gobierno debe recurrir a la delegación de facultades como una herramienta válida y prevista dentro de la democracia.
Asimismo, el titular del MTPE rechazó tajantemente las interpretaciones que sugieren que este mecanismo constitucional es una medida autoritaria. Sheput fue enfático al declarar que la delegación de facultades no representa un golpe de Estado ni es la antesala de uno, sino una atribución estrictamente democrática donde el Ejecutivo solicita y el Congreso tiene la potestad de aceptar o negar el pedido.
Uno de los puntos más críticos de la exposición fue la relación entre el mercado laboral y la inseguridad ciudadana. El ministro cuestionó los argumentos de la oposición que intentan desligar las facultades laborales de la lucha contra la criminalidad. Sheput reveló datos alarmantes: el país cuenta con aproximadamente un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan, y de ese grupo, cerca de medio millón ni siquiera busca empleo. El ministro advirtió que este segmento de la población constituye el "caldo de cultivo" ideal para la delincuencia y el pandillaje.
Para Sheput, el crecimiento económico y la formalización del empleo son pilares fundamentales para ofrecer oportunidades reales a la juventud y evitar que las organizaciones criminales aprovechen la falta de perspectivas. El ministro detalló que cada punto porcentual de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) genera alrededor de 50 mil puestos de trabajo. Considerando que anualmente se incorporan unos 300 mil jóvenes a la población económicamente activa, el Gobierno estima que sería necesario un crecimiento del 6% anual para absorber a toda esa población. De lo contrario, si el crecimiento se sitúa entre el 1% y el 3%, entre 150 mil y 200 mil jóvenes quedarían fuera del mercado laboral, alimentando así la semilla de la criminalidad.
Finalmente, el ministro Sheput desmintió que las propuestas del Ejecutivo busquen recortar derechos laborales para los jóvenes. Argumentó que es contradictorio hablar de eliminar beneficios en un contexto donde seis millones de jóvenes se encuentran en la informalidad y, por ende, nunca han gozado de derechos como vacaciones, CTS, gratificaciones, acceso a la salud o pensiones. El titular del sector subrayó que hay jóvenes que llevan años trabajando bajo la modalidad de recibos por honorarios o boletas sin protección laboral. Por ello, aseguró que el objetivo del Gobierno es precisamente otorgar derechos a quienes hoy están desprotegidos, instando al Congreso a evaluar la solicitud con responsabilidad y sentido de urgencia.
