Juliana Andrea Guerrero Jiménez ha sido condenada por la justicia colombiana tras comprobarse su responsabilidad en el uso de títulos académicos fraudulentos para acceder a un cargo público de alta jerarquía. La joven fue sentenciada a una pena de 36 meses de prisión luego de aceptar los cargos mediante un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, reconociendo así su participación en la comisión del delito de fraude procesal.
El proceso judicial determinó que Guerrero utilizó dos diplomas expedidos de manera irregular en julio de 2025 para aspirar y posteriormente posesionarse en el cargo de viceministra de las Juventudes, adscrito al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en septiembre de 2025. Un juez penal de conocimiento de Bogotá fue el encargado de avalar los términos de la negociación entre la defensa y la Fiscalía, ratificando la sentencia condenatoria.
A pesar de la condena a tres años de prisión, el despacho judicial decidió conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto significa que Juliana Guerrero no deberá cumplir su sentencia en un establecimiento carcelario, aunque la medida está sujeta al cumplimiento de diversas obligaciones económicas y administrativas que deberá observar estrictamente durante el periodo de tres años establecido en la sentencia. Además de la pena privativa de la libertad suspendida, la condena incluye una multa equivalente a 100 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de dos años y medio.
La Fiscalía General de la Nación detalló los pormenores de la investigación, revelando que Guerrero acudió ante el secretario general de la Fundación Universitaria San José con el objetivo de obtener los títulos de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. Según el ente acusador, la joven logró que se emitieran dichos diplomas sin haber cumplido con el plan de estudios previsto por la institución y omitiendo requisitos legales fundamentales, tales como la presentación de las pruebas de Estado.
Una vez obtenidos estos documentos fraudulentos, Guerrero procedió a cargarlos en la plataforma electrónica SIGEP de la Función Pública. El objetivo de esta acción era inducir en error a los funcionarios encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales necesarios para acceder al cargo de viceministra.
Este caso había sido objeto de denuncias políticas el año pasado, encabezadas por la senadora Jennifer Pedraza, quien señaló presuntas anomalías en los títulos de Guerrero. Tras conocerse la sentencia, la congresista manifestó su satisfacción a través de su cuenta en la red social X, celebrando que la justicia haya actuado frente a lo que calificó como un acto de corrupción. Pedraza afirmó que la confesión de Guerrero confirma que se trata de una "delincuente", aunque expresó que la condena impuesta no es suficiente dada la gravedad de los hechos.
La senadora Pedraza también extendió sus críticas hacia el expresidente Gustavo Petro, cuestionándolo por haber defendido a la joven a pesar de las pruebas presentadas durante el proceso judicial. La congresista sostuvo que el mandatario protegió a Guerrero, traicionando así las causas de la juventud y afectando la reputación de la Universidad Popular del Cesar, donde la condenada desempeñó la dirección. En sus declaraciones, Pedraza enfatizó la necesidad de luchar por el mérito profesional frente a las prácticas de influencia o "palanca" en la administración pública.
El entramado de irregularidades no terminó con la condena de Guerrero. El proceso judicial también alcanzó a otros implicados, resultando en la condena a tres años de prisión para el exsecretario de la Fundación Universitaria San José, quien participó en la expedición irregular de los diplomas. Asimismo, el juez del caso compulsó copias para que se inicie una investigación contra Juliana Guerrero por la comisión de otro delito, lo que mantiene abierta la situación jurídica de la joven más allá de la sentencia actual por fraude procesal.
