Un juez de la ciudad de Bogotá ha emitido una orden judicial que obliga al presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, a ocultar de las cuentas oficiales de la Presidencia en redes sociales una serie de videos en los que el mandatario aparece caminando entre los cuerpos de personas presuntamente criminales, quienes habrían sido abatidos por la fuerza pública. Esta determinación fue comunicada a través de un documento judicial emitido el pasado miércoles 9 de septiembre.
El mandatario, identificado con una tendencia política de ultraderecha, asumió el cargo hace apenas un mes. Durante su campaña y al inicio de su gestión, De la Espriella basó su plataforma gubernamental en la promesa de aplicar una estrategia de "mano dura" para combatir a las guerrillas y a diversas organizaciones criminales que mantienen el control y se disputan las rentas provenientes del narcotráfico en el territorio colombiano.
En el marco de esta política de seguridad, el ejército ha ejecutado tres bombardeos en regiones estratégicas, específicamente en la Amazonía y en la zona fronteriza con Venezuela. Estas operaciones militares han resultado en la muerte de al menos 42 personas, cifra que incluye el fallecimiento de seis menores de edad.
La controversia jurídica y social surgió a raíz de dos publicaciones realizadas en el perfil oficial de la Presidencia en la plataforma Instagram, los días 2 y 4 de septiembre. En estos videos, el presidente De la Espriella aparece recorriendo el lugar de los hechos, caminando entre bolsas de plástico blancas que contenían los cuerpos de los abatidos, mientras informaba sobre los resultados de los operativos militares.
En el material publicado el 2 de septiembre, se observa al jefe de Estado desplazándose entre bolsas blancas que resguardaban al menos 23 cuerpos. Dichas víctimas fueron el resultado de operativos ejecutados por las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC en la zona del Guaviare, en la Amazonía. Posteriormente, el 4 de septiembre, el mandatario ofreció una rueda de prensa en Riohacha, Colombia, donde exhibió ante los medios de comunicación cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, producto de una operación policial dirigida contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).
Ante estos hechos, el legislador Santiago Osorio, perteneciente al Partido Verde de centroizquierda, interpuso un recurso legal solicitando la intervención de la justicia. El argumento central de la demanda se basa en que la difusión de estas imágenes podría constituir una violación a los derechos fundamentales, haciendo especial énfasis en la protección de los niños, niñas y adolescentes que pudieran acceder a dicho contenido.
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, tras analizar la solicitud, estableció que las publicaciones deben ser ocultadas de manera provisional. Esta medida se mantendrá mientras el despacho judicial estudia a fondo si el contenido de los videos puede ser calificado como violento o explícito y si su difusión masiva vulnera los derechos fundamentales citados en la demanda. No obstante, el juez aclaró que las imágenes no deben ser eliminadas de forma definitiva hasta que se emita una sentencia final sobre el caso.
Para garantizar el debido proceso, la Presidencia de la República y el mandatario cuentan con un plazo de dos días para ejercer su derecho a la defensa y presentar los argumentos pertinentes. Asimismo, el Juzgado ha vinculado a este proceso a diversas entidades y actores, entre ellos Meta Platforms (empresa matriz de Instagram), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Esta decisión judicial coincide con las críticas emitidas por la Defensoría del Pueblo. La titular de dicha entidad, Iris Marín, cuestionó públicamente la exhibición de los cadáveres y exhortó al Gobierno Nacional a no entrar en una competencia de brutalidad con los grupos armados ilegales. Según Marín, el Estado no puede disputar con organizaciones criminales quién es capaz de producir más miedo, quién humilla más al adversario o quién utiliza la muerte como una herramienta para la demostración de poder, subrayando que el Gobierno no debe dejarse llevar por el deseo de demostrar quién puede ser más cruel.
