Las autoridades originarias de los 48 Cantones de Totonicapán y de Sololá encabezaron este martes una movilización hacia la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de manifestar su rechazo ante el incremento en los precios de los combustibles y el impacto directo que esto genera en el costo de la canasta básica. La marcha, que se desarrolló de manera pacífica, tuvo como destino principal la sede del Congreso de la República y el Palacio Nacional.
Durante la jornada, los dirigentes entregaron al Parlamento una serie de propuestas legislativas diseñadas para fiscalizar el mercado de los carburantes. El planteamiento central de las organizaciones indígenas busca que el Estado implemente mecanismos de control de precios y establezca procesos de fiscalización efectivos, especialmente durante periodos de crisis económica.
Uno de los puntos fundamentales de las exigencias de los 48 Cantones y de Sololá es la naturaleza de los alivios económicos. Las autoridades han sido enfáticas en señalar que cualquier tipo de subsidio estatal debe ser otorgado de forma directa a las familias afectadas por el alza de los precios. En este sentido, rechazaron la posibilidad de que los beneficios económicos se destinen a las empresas importadoras, insistiendo en que el apoyo debe llegar a la población que sufre el encarecimiento del costo de vida.
La representación comunal fue recibida por la junta directiva del Congreso de la República. Durante este encuentro, un dirigente de la organización indígena expresó la expectativa de las comunidades respecto a la labor de los legisladores. «Esperamos que haya consenso para poder darle el apoyo a la población. Y sabemos que hoy no hay pleno, pero también queremos presentar algunas iniciativas que pueden ir a favor del pueblo», manifestó el representante.
Tras la recepción de las propuestas, los jefes de bloque del Parlamento mantuvieron una reunión a puerta cerrada con el fin de evaluar diversas alternativas para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país. El presidente del Congreso, Luis Contreras, informó que actualmente se analizan tres planteamientos principales para abordar la problemática: la implementación de un subsidio impulsado por el Poder Ejecutivo, la eliminación temporal de los impuestos a los combustibles o la creación de un fondo de compensación. Asimismo, Contreras indicó que no se descarta la posibilidad de integrar una propuesta mixta que combine estas opciones.
Por otro lado, los líderes de Totonicapán y Sololá utilizaron la jornada para desmentir categóricamente diversas versiones que circularon en medios de prensa. Los dirigentes calificaron como «información falsa» los rumores que sugerían una eventual toma de instalaciones estratégicas o el cierre del Aeropuerto Internacional La Aurora. Las autoridades reiteraron que la protesta se mantiene bajo un carácter pacífico y sin intención de interrumpir servicios críticos del país.
La movilización también generó reacciones por parte de los sectores empresariales. La Cámara de Industria emitió un comunicado en el que rechazó cualquier tipo de amenaza que pudiera afectar la libre locomoción de las personas y solicitó la intervención del Ministerio Público ante tales señalamientos.
De manera complementaria, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) advirtió sobre los riesgos económicos que supondrían los cierres de infraestructuras clave para el país. La organización señaló que este tipo de interrupciones pondrían en riesgo el comercio internacional de Guatemala, el cual se estima en un valor de 140 millones de dólares diarios.
