El pasado 19 de agosto de 2026, veintinueve Estados americanos votaron a favor de convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación en Nicaragua. La resolución CP/RES. 1317 de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece con severidad que la democracia representativa, considerada condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ya no existe en Nicaragua. Con este acto, el sistema interamericano ha certificado colectivamente la muerte de la democracia en dicho Estado.
El resultado de la votación reflejó una mayoría transversal que abarca Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y el Caribe, aunque no fue unánime. Brasil votó en contra de la resolución, mientras que México optó por abstenerse. Esta convocatoria se produce luego de que el actual mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que en su país no volverán a celebrarse elecciones.
El proceso actual evoca precedentes críticos en la historia de la OEA. En 1960, la organización condenó al gobierno de Trujillo en la República Dominicana, siendo este el primer Estado sometido a sanciones colectivas obligatorias mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Posteriormente, el 23 de junio de 1979, la OEA aprobó una resolución que pidió el reemplazo inmediato y definitivo del régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua, promoviendo la formación de un gobierno democrático y pluralista. En aquel entonces, un joven comandante llamado Daniel Ortega formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que invocó dicha resolución como fundamento de su plan de paz.
En el caso actual de la República Dominicana, el país actuó como copatrocinador y votó a favor de la resolución sobre Managua. Sin embargo, se ha señalado que la voz dominicana no profundizó en las razones urgentes de interés común ni en los límites de las acciones legítimas, coincidiendo el voto con un periodo de transición en la Cancillería dominicana.
Desde el punto de vista jurídico, la situación actual presenta un límite inédito. Nicaragua dejó de ser parte de la Carta de la OEA en noviembre de 2023 y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca dejó de regir para este país desde septiembre de 2014. Esto implica que la Reunión de Consulta de 2026, basada en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA, no puede reproducir la obligatoriedad jurídica aplicada en casos anteriores, como el de 1960, pero sí permite que los gobiernos coordinen medidas nacionales independientes.
Sobre el papel de las potencias, Estados Unidos impulsa la convocatoria con lenguaje de urgencia. No obstante, se reporta una erosión en su autoridad moral; datos de Gallup sitúan la aprobación mundial del liderazgo estadounidense en un 31 por ciento, inferior al 36 por ciento de China, mientras que Pew Research Center indica que solo el 23 por ciento de los encuestados confía en que el presidente estadounidense actúe correctamente en asuntos mundiales. Por su parte, Brasil ha manifestado desconfianza sobre el ritmo institucional y ha propuesto un tratamiento técnico, mientras que México ha invocado la soberanía y la no intervención.
Las posibles acciones que los cancilleres podrían coordinar incluyen declarar que los comicios de 2027 no serán considerados libres ni auténticos mientras persistan las condiciones actuales, exigir la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y el acceso de organismos internacionales de derechos humanos. A nivel nacional, cada Estado podría decidir aplicar sanciones dirigidas a responsables concretos, restricciones de visados, investigaciones patrimoniales o la reducción de la representación diplomática.
Finalmente, se ha contrastado la celeridad de la respuesta hacia Nicaragua con la situación de Haití. Mientras que ante el golpe de 1991 la OEA reaccionó inmediatamente con reuniones de cancilleres y recomendaciones de embargo, el derrumbe prolongado del Estado haitiano actual no ha provocado una movilización política de similar intensidad. Para los Estados pequeños, el mantenimiento de la norma democrática es visto como un escudo necesario frente a la arbitrariedad del poder.
