El Poder Ejecutivo se encuentra en el proceso de preparar un pedido de facultades legislativas que abarca diversos frentes críticos para la administración pública. Si bien la solicitud incluye medidas urgentes relacionadas con la seguridad ciudadana y la gestión ante el fenómeno climático de El Niño, un componente central de esta propuesta se enfoca en reformas económicas, específicamente en aspectos que afectan directamente al sistema financiero del país.
Una de las medidas más destacadas y discutidas dentro de este planteamiento es la derogación de la ley que establece los topes a las tasas de interés. Esta normativa fue introducida en el año 2021 por iniciativa del Congreso de la República, estableciendo límites máximos que las entidades financieras pueden cobrar a los prestatarios. Bajo el esquema vigente, es el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) el organismo encargado de definir y actualizar estos límites. Actualmente, los topes se sitúan en un 114.13% para los créditos denominados en soles y en un 99.84% para aquellos otorgados en dólares.
Según los argumentos presentados por el Gobierno y especialistas del sector, la eliminación de estos límites tiene como objetivo principal dinamizar la colocación de créditos. Jorge Delgado, presidente del Consejo Latinoamericano de Finanzas Inclusivas (Colafi), señaló que esta medida favorecerá la entrega de préstamos a sectores que tradicionalmente presentan mayores dificultades para acceder al sistema financiero formal, tales como las microempresas, los trabajadores independientes y, de manera general, aquellas personas que no cuentan con un historial crediticio previo.
Delgado subrayó además que, al facilitar el acceso al crédito formal mediante tasas que se ajusten al riesgo real del cliente, se reducirían los incentivos para que estos sectores vulnerables recurran a modalidades de préstamo informales y peligrosas, específicamente al crédito extorsivo conocido popularmente como “gota a gota”.
Desde una perspectiva técnica, Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, explicó la dinámica que seguirían las tasas en un escenario sin topes. Según Casana, es probable que, en una primera etapa, la tasa de interés asignada a estos nuevos clientes sea elevada debido a la falta de garantías o historial. Sin embargo, sostuvo que con el transcurso del tiempo, el costo del crédito tendería a reducirse a medida que el deudor construya un historial crediticio sólido que demuestre su capacidad de pago.
El impacto de la normativa actual ha sido cuantificado por el Banco Central de Reserva del Perú. El BCR estimó que aproximadamente medio millón de personas se quedaron sin acceso al crédito desde el año 2021. Esto se debe a que la banca, basándose en el nivel de riesgo de estos solicitantes, habría tenido que asignarles una tasa de interés superior al máximo legal permitido, lo que resultó en el rechazo de sus solicitudes para cumplir con la ley de topes.
No obstante, la propuesta de liberalización del Ejecutivo no está exenta de advertencias. El representante del Colegio de Economistas de Lima, Ronald Casana, alertó sobre los riesgos inherentes a esta medida, señalando que podría incrementarse el "apetito por el riesgo" dentro de las entidades financieras. En este sentido, consideró fundamental que las cooperativas y las microfinancieras que ya presentan niveles relativamente altos de incumplimiento actúen con prudencia.
Casana fue enfático al recomendar que aquellas empresas que no dispongan de un sistema sofisticado de evaluación de riesgos, o que actualmente enfrenten tasas de morosidad elevadas, eviten flexibilizar sus tasas de interés en los créditos para no comprometer su estabilidad financiera.
Finalmente, el pedido de facultades legislativas incluye otras medidas de inclusión financiera. Entre ellas, se plantea permitir que los menores de edad, a partir de los 12 años, puedan realizar la apertura y tenencia de cuentas de ahorros bancarias, buscando fomentar el hábito del ahorro desde edades tempranas.
