Siete funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) han permanecido suspendidos de sus cargos durante un periodo de dos años, manteniendo en todo momento el goce de sus salarios. Esta situación ha generado una alerta institucional y financiera, ya que la medida cautelar, implementada mientras se desarrolla una investigación por presuntas irregularidades en expedientes de protección de menores, ha tenido un costo significativo para el erario público.
De acuerdo con estimaciones proporcionadas por el Sindicato de Empleados del PANI (SEPI), el impacto económico de estas suspensiones ya superaría los ₡218 millones. Este cálculo se basa en un salario promedio mensual de ₡1,3 millones por cada uno de los siete funcionarios involucrados, una cifra que no incluye el pago de las cargas sociales correspondientes. Entre los profesionales suspendidos se encuentran especialistas en las áreas de Derecho, Psicología y Trabajo Social.
Ovidio Fernández, presidente del SEPI, ha manifestado que la prolongada duración de este procedimiento administrativo es una evidencia clara de las deficiencias en la gestión interna de la institución. El dirigente sindical señaló que el proceso podría estar afectado por vicios procesales, advirtiendo sobre posibles escenarios de caducidad y prescripción debido a periodos de inactividad en el expediente administrativo. Fernández expresó su preocupación por la afectación al patrimonio institucional derivada de decisiones administrativas que califica como "no acertadas", subrayando además que se ha vulnerado el principio de justicia pronta y cumplida.
No obstante, el representante sindical aclaró que, desde el punto de vista legal, los funcionarios tienen el derecho de percibir sus salarios mientras no exista una resolución firme que determine su culpabilidad. Según Fernández, al no haberse demostrado la responsabilidad de los implicados, no podría aplicarse una sanción económica, razón por la cual toda suspensión debe ser con goce salarial.
Ante esta situación, se han planteado múltiples interrogantes al Patronato Nacional de la Infancia. Se solicitó a la institución información detallada sobre la etapa actual del procedimiento administrativo, las razones detrás de la demora en su conclusión, los factores que han retrasado la investigación y la justificación del costo financiero que ha representado mantener estas suspensiones por casi dos años. Asimismo, se consultó si existe un plazo definido para emitir una resolución definitiva y si el proceso se ha extendido a otros funcionarios más allá de los siete inicialmente suspendidos. Hasta el momento de la publicación de este informe, el PANI no ha emitido respuesta a ninguna de las consultas.
El trasfondo de este caso es grave. El 7 de agosto de 2024, el PANI anunció la suspensión cautelar de estos siete empleados, quienes laboraban en cuatro oficinas locales distribuidas en distintas regiones del país, aunque la institución no precisó cuáles eran dichas sedes. Pocos días después, el 13 de agosto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo seis operativos de allanamiento: cinco en oficinas del PANI ubicadas en Alajuela, Cariari, Orotina y Puerto Jiménez, y uno adicional en el Hogar Montiel, situado en Santa Ana.
Durante estos operativos, cinco funcionarios fueron detenidos. Se les investiga por la presunta comisión de delitos graves, incluyendo trata de personas en la modalidad de adopción irregular, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. La investigación del OIJ indica que los hechos habrían ocurrido entre los años 2020 y 2022.
Según las pesquisas de la policía judicial, los sospechosos habrían alterado deliberadamente la información en expedientes de personas menores de edad. Randall Zúñiga, entonces director general del OIJ, explicó que los funcionarios incorporaban datos falsos en los dictámenes técnicos. Como ejemplo, señaló que se afirmaba falsamente que las familias biológicas consumían drogas con el objetivo de excluir a los menores de su núcleo familiar y trasladarlos a centros de cuido.
Además, el OIJ identificó irregularidades en la ubicación de los menores, deficiencias en los procesos administrativos de adopción y la presunta emisión de testimonios falsos para apartar a niños y adolescentes de sus familias biológicas y ubicarlos en familias adoptivas. Según la investigación, este esquema permitía que las familias adoptivas recibieran el subsidio económico que el PANI otorga durante el proceso de protección.
Finalmente, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, confirmó que la causa penal permanece abierta y en etapa de investigación, a la espera de que la policía judicial remita el informe final. Actualmente, las personas imputadas en este caso no cuentan con medidas cautelares impuestas.
