La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra atravesando una de las crisis más severas en la gestión de su proceso de ingreso. La institución ha detectado presuntas irregularidades significativas en la aplicación de su primer examen de admisión realizado completamente en modalidad en línea, lo que ha puesto en entredicho la integridad de los resultados obtenidos por miles de aspirantes.
Las sospechas surgieron tras la detección de patrones anómalos que sugieren que cientos de postulantes habrían recurrido al uso de herramientas de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT y otras aplicaciones similares, para responder la prueba obligatoria. Ante la gravedad de los hallazgos, la máxima casa de estudios se vio obligada a tomar medidas inmediatas, procediendo a la suspensión temporal de las inscripciones y al inicio de una investigación exhaustiva para determinar si los resultados del proceso son válidos o si han sido comprometidos por el fraude.
El detonante de la controversia fue la actividad en redes sociales, donde diversos aspirantes presumieron abiertamente haber utilizado la inteligencia artificial para resolver el examen. Según los reportes, estas herramientas fueron empleadas para obtener puntajes elevados, una situación particularmente crítica en carreras de alta demanda y competitividad, tales como Medicina y Derecho, donde el margen de error es mínimo y la disputa por los lugares es intensa.
En respuesta a esta situación, la UNAM ha establecido una comisión técnica especializada. Este grupo de expertos se encuentra actualmente revisando miles de exámenes que ya han sido anulados debido a la detección de anomalías. Mientras el análisis técnico avanza, el impacto humano es considerable: más de 158 mil jóvenes permanecen en un estado de incertidumbre total, sin saber si sus resultados serán validados, si la universidad decidirá repetir la prueba de ingreso o si se adoptará alguna otra medida correctiva para garantizar la equidad del proceso.
La situación ha trascendido el ámbito académico para convertirse en un tema de vigilancia pública. Transparencia Mexicana, la organización civil, ha intervenido en el caso advirtiendo que el foco de la investigación no debe limitarse únicamente a los aspirantes que presuntamente hicieron trampa. La organización sostiene que es imperativo investigar las posibles responsabilidades de la empresa externa encargada de la administración del examen, así como el papel de los funcionarios que supervisaron el proceso y cualquier otra persona que pudiera estar involucrada en un eventual esquema de fraude.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, de confirmarse las irregularidades, las consecuencias no deberían quedar solo en el ámbito escolar. La organización señala que podrían derivarse responsabilidades administrativas, contractuales e incluso penales para aquellos actores que hayan facilitado o permitido que el proceso de admisión fuera vulnerado.
Desde la esfera gubernamental, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el escándalo, haciendo un llamado a proteger el prestigio de la UNAM. La mandataria subrayó que la institución, en ejercicio de su autonomía universitaria, es la entidad encargada de esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes. Sin embargo, Sheinbaum fue enfática al señalar que, en caso de que las investigaciones revelen la comisión de delitos tipificados, la Fiscalía General de la República (FGR) podría brindar el apoyo necesario para esclarecer los hechos y sancionar penalmente a los responsables.
La crisis pone de relieve los desafíos que enfrentan las instituciones educativas ante la irrupción masiva de la inteligencia artificial generativa en los procesos de evaluación. La UNAM ahora enfrenta el reto de equilibrar su autonomía y prestigio con la necesidad de garantizar un proceso de selección justo y transparente para los miles de jóvenes que aspiran a ingresar a sus aulas.
