La noche del 16 de septiembre de 2021, el silencio de una residencia en Timaru, Nueva Zelanda, fue interrumpido por un hallazgo que conmocionaría a todo el país. Graham Dickason, cirujano ortopédico, regresó a su hogar poco antes de las 22:00 horas para encontrar a su esposa, Lauren Dickason, en un estado de shock. Al preguntarle qué había sucedido, la respuesta de Lauren fue breve y gélida: “Es demasiado tarde”. Minutos después, Graham descubriría que sus tres hijas —Liane, de seis años, y las mellizas Karla y Maya, de dos— habían sido asfixiadas por su propia madre.
Lauren Dickason, médica de profesión y sin antecedentes penales, había emigrado desde Sudáfrica con su familia apenas unas semanas antes del crimen. Este suceso abrió la puerta a un complejo análisis sobre la salud mental, la responsabilidad penal y los límites de la cordura. El caso se convirtió en el retrato de una mujer que cargó durante años con una enfermedad mental severa, la cual, según los psiquiatras de la defensa, nubló por completo su juicio el día de los hechos.
La historia de la familia se remonta a 2005 en Pretoria, Sudáfrica. Tras casarse en 2006, Lauren y Graham enfrentaron un camino doloroso hacia la maternidad, atravesando 17 rondas fallidas de fertilización in vitro. En 2013, la tragedia golpeó a la pareja cuando su hija Sarah nació prematuramente a las 18 semanas y murió poco después. Este evento marcó un punto de inflexión en la salud mental de Lauren, quien fue diagnosticada con depresión mayor con componente de ansiedad y un trastorno intermitente del estado de ánimo, situación que la llevó a dejar de ejercer la medicina activamente.
Años más tarde, mediante óvulos donados, la familia creció con el nacimiento de Liane en 2014 y las mellizas Karla y Maya en 2019. A pesar de los desafíos, como las cirugías de labio leporino que requirió Karla, Lauren era descrita por sus allegados en Sudáfrica como una madre ejemplar y una persona bondadosa. Sin embargo, el trasfondo psíquico de la mujer era frágil. El juicio posterior reveló que sus problemas de salud mental databan de la adolescencia y que, tras la muerte de Sarah, su cuadro se había agravado, llegando incluso a recetarse sus propios antidepresivos.
La decisión de mudarse a Nueva Zelanda en agosto de 2021, motivada por el empleo de Graham en el Hospital de Timaru, añadió una presión adicional. Tras cumplir la cuarentena obligatoria por la pandemia, la familia comenzó su nueva vida. El 16 de septiembre, el día que las mellizas iniciaban el jardín de infantes, un incidente menor en el jardín botánico —donde otro niño fotografió a las niñas sin permiso— provocó que Lauren cuestionara si la mudanza había sido la decisión correcta.
Esa noche, mientras Graham asistía a una cena de trabajo, Lauren sufrió un colapso mental. Según su confesión, algo en ella se “disparó”. Engañó a sus hijas diciéndoles que jugarían a hacerse collares con sogas del garaje, para luego decirles que ella se estaba muriendo y que no podía dejarlas atrás. Inmovilizó primero a Karla, luego a Liane y finalmente a Maya. Cuando las niñas no murieron inmediatamente, utilizó una toalla y mantas para asfixiarlas. Posteriormente, intentó suicidarse con una navaja y tramadol, siendo encontrada seminconsciente por la policía.
El proceso judicial, iniciado en julio de 2023 en Christchurch, fue una batalla entre dos visiones psiquiátricas. La fiscalía argumentó que Lauren actuó por resentimiento, viendo a sus hijas como un obstáculo para su matrimonio y citando búsquedas en internet sobre medicación infantil como prueba de premeditación. Por el contrario, la defensa sostuvo que Lauren se encontraba en un estado psicótico y delirante, creyendo genuinamente que rescataba a sus hijas al llevarlas consigo en la muerte.
El jurado declaró a Lauren culpable de asesinato en los tres casos. El 26 de junio de 2024, el juez Cameron Mander la condenó a 18 años de prisión. El magistrado descartó la cadena perpetua al considerar que la enfermedad mental severa de la mujer fue la causa directa de sus acciones. Actualmente, Lauren se encuentra en una unidad de atención especial y aguarda una audiencia de apelación fijada para febrero en Wellington, bajo el argumento de una “mala administración de justicia”. Mientras tanto, sus padres han hecho un llamado público para que la sociedad aprenda a reconocer los síntomas de la depresión posparto, otorgando al caso una dimensión de alerta sobre la salud mental materna.
