La tragedia de Charles Mutoka, un hombre de 72 años, es el reflejo de una realidad sistemática que afecta a miles de familias en diversos continentes. Mutoka lamenta la pérdida de su hijo, Oscar Khagola Mutoka, un exsoldado que partió hacia Rusia en 2025 impulsado por la búsqueda de empleo. A pesar de los intentos de su padre por disuadirlo, Oscar mantuvo en secreto su destino exacto, enviando únicamente una fotografía vestida con uniforme de combate una semana después de su partida. Tras esa imagen, el contacto se interrumpió definitivamente.
La familia de Oscar se enteró de su muerte tiempo después, pero los esfuerzos y llamados realizados a las autoridades de Kenia para recuperar el cuerpo resultaron infructuosos. Ante la ausencia de restos, en mayo de 2026, la familia se vio obligada a preparar un lugar de entierro improvisado para disponer de un sitio de oración. La incertidumbre persiste para Charles Mutoka, quien se cuestiona si su hijo yace en una tumba o si su cuerpo fue abandonado en algún bosque ruso.
El caso de Oscar no es un hecho aislado. Según datos de la Inteligencia ucraniana, cerca de 27.000 extranjeros han sido reclutados por Rusia para combatir en Ucrania. Un estudio conjunto desarrollado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la organización Truth Hounds y la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Kazajistán ha aportado evidencias sobre la existencia de una red global de reclutamiento establecida por el gobierno ruso. Ilya Nusov, uno de los autores de dicha investigación, señaló a DW que este proceso se dirige específicamente a personas vulnerables, empleando métodos que varían desde el soborno y el engaño hasta la coacción.
Para quienes residen en las regiones más empobrecidas del mundo, los salarios ofrecidos por las fuerzas armadas rusas representan un incentivo poderoso para escapar de la miseria. Este fue el motor que llevó a Yoan Mendoza, un joven cubano, a aceptar la oferta. Mientras que el salario promedio en Cuba es de 17,5 euros mensuales, los reclutadores rusos le prometieron 1.750 euros al mes. Su hermano, Michael Mendoza, residente en Estados Unidos, relató que Yoan veía en este "proyecto en Rusia" una salida viable tras haber fracasado en sus intentos de emigrar a Norteamérica por barreras financieras y burocráticas.
En septiembre de 2023, Yoan apareció en imágenes de la agencia Reuters junto a otros jóvenes cubanos. En aquel momento, el joven de 23 años afirmó saber que se dirigía a una zona de conflicto, argumentando que no quería morir de hambre en su país. Incluso presentó un contrato de trabajo con las fuerzas armadas rusas que prometía otorgarle la ciudadanía. Sin embargo, la realidad fue distinta: tras ser enviado al frente en Ucrania, Yoan intentó escapar, rogando a su familia que lo sacaran de allí. Posteriormente, su nombre apareció en las listas de extranjeros muertos en combate publicadas por Ucrania.
Mientras algunos candidatos eran conscientes del riesgo, otros fueron víctimas de engaños totales. Arman Mondol, originario de Bangladesh, creía que viajaría para trabajar como empacador en un almacén. Su padre, un granjero, llegó a vender propiedades y solicitar préstamos para pagar a un reclutador. Mondol viajó con visa de turista vía Arabia Saudita y, al llegar a Rusia, fue obligado a firmar un contrato en un idioma que no comprendía.
Mondol relató haber sufrido maltratos en el ejército y denunció que los extranjeros eran utilizados como escudos humanos, siendo enviados a la vanguardia de las misiones mientras los soldados rusos permanecían detrás. Durante uno de estos despliegues, el vehículo en el que viajaba pisó una mina. Mondol fue uno de los dos sobrevivientes y logró escapar de un hospital con ayuda de la embajada de Bangladesh en Moscú. A pesar de haber regresado a casa, sigue cojeando debido a la metralla en su pierna y padece traumas psicológicos por las imágenes de muerte y desfiguración que presenció.
Desde el punto de vista legal, aunque a menudo se les denomina mercenarios, Ilya Nusov aclara que muchos de estos combatientes adquieren la ciudadanía rusa antes de integrarse a las fuerzas armadas, lo que altera su estatus jurídico. En los casos donde hubo engaño o coacción, estas personas podrían ser consideradas víctimas de trata, lo que supondría una violación de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y el Protocolo de Palermo, tratados ratificados por Rusia.
El gobierno ruso, a través de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha negado cualquier actividad de reclutamiento forzado. Lavrov ha insistido en que quienes participan en la "operación militar especial" lo hacen de forma voluntaria y conforme a la legislación rusa. No obstante, la presión internacional ha crecido, con protestas de familias desde Nepal hasta Perú. Incluso líderes como el primer ministro indio, Narendra Modi, han abordado el tema con Vladimir Putin. En febrero de 2026, se reportó que Rusia restringió el reclutamiento de ciudadanos de algunos países considerados "amigos", aunque no se ha hecho pública la lista de las naciones afectadas.
