El pasado 19 de julio, en el marco de la conmemoración del triunfo de la Revolución Sandinista, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega lanzó un anuncio que ha generado conmoción: la eliminación de los procesos electorales en el país. Esta declaración, pronunciada precisamente en la fecha que en 1979 simbolizó el nacimiento de la democracia tras la caída de la dictadura somocista, es vista por diversos analistas y figuras históricas como el sepultured definitivo de los últimos vestigios democráticos en Nicaragua.
Mónica Baltodano, historiadora y excomandante guerrillera que participó en el derrocamiento de Somoza y actualmente se encuentra exiliada en Costa Rica, recibió la noticia con asombro. Según Baltodano, el anuncio no es más que una expresión del descaro con el que el régimen ha manejado el poder, señalando que los procesos electorales organizados en las últimas décadas ya eran dudosos o claramente fraudulentos. Para la exguerrillera, este paso representa la antítesis de los propósitos y compromisos de la lucha revolucionaria que costó numerosas vidas.
A lo largo de casi veinte años en el poder, Daniel Ortega ha implementado una estrategia progresiva de captación institucional y represión sistemática. El régimen ha cooptado la independencia del Poder Judicial, la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral, impulsando reformas constitucionales para eliminar los límites a la reelección y asegurar su designación indefinida. Tras la violenta represión de las manifestaciones de 2018, Ortega instauró un Estado policial de facto y, previo a los comicios de 2021, encarceló a periodistas, líderes cívicos, miembros de la Iglesia católica y a los principales precandidatos presidenciales.
El control del Estado se ha extendido mediante la confiscación de universidades independientes, medios de comunicación y ONG. Asimismo, miles de disidentes han sido despojados de su nacionalidad y derechos, siendo declarados "traidores a la patria" y obligados al destierro. Todo este proceso ha permitido la centralización absoluta del poder en manos de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, quien se ha autonombrado heredera del régimen.
Baltodano advierte que, aunque la democracia ya no existía en la práctica, este anuncio formaliza la situación. La historiadora prevé que la Asamblea Nacional, totalmente controlada por el mandatario, aprobará las reformas constitucionales necesarias para ejecutar este plan. Baltodano compara este esquema con modelos totalitarios, como el de Corea del Norte, y sugiere que podrían crearse "órganos de mentira" o asambleas ficticias para ratificar a Ortega en el poder bajo una apariencia de legalidad, buscando asfixiar definitivamente a la oposición en el exilio.
Un punto central del debate es la sucesión familiar. Aunque Ortega ha expresado su deseo de gobernar diez años más, su edad avanzada plantea dudas sobre su permanencia. En este escenario, Rosario Murillo y sus nueve hijos aparecen como los sucesores naturales. Particularmente, Laureano Ortega Murillo se ha posicionado como el enlace del régimen con potencias como Rusia y China. Sin embargo, analistas como Orlando Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas, señalan que la viabilidad de una dinastía familiar depende del Ejército de Nicaragua.
A pesar de que las fuerzas armadas han mantenido una lealtad inquebrantable, el régimen ha realizado purgas internas, afectando a figuras como Bayardo Arce Castaño y Humberto Ortega, quien murió en 2024 bajo cautiverio. Pérez advierte que, aunque el Ejército ha sido degradado profesionalmente y subordinado a la familia presidencial, sigue siendo la única institución que podría actuar como un poder moderador. Por su parte, Baltodano sostiene que existe un malestar latente dentro de la Policía y el Ejército que el régimen contiene mediante el terror y la coerción.
Desde una perspectiva regional, Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, describe el caso de Nicaragua como "sui generis", llegando a compararlo con una monarquía debido a que la pareja presidencial actúa sin restricciones. Salazar cuestiona la capacidad de respuesta de la comunidad internacional ante lo que califica como una situación cercana a la "psiquiatría".
En cuanto a la reacción de Estados Unidos, se observa una tibieza que Ortega parece haber calculado. El mandatario nicaragüense habría percibido que su país no es el foco principal de la agenda internacional. Orlando Pérez explica que existen limitaciones pragmáticas: EE. UU. y Nicaragua cooperan en temas migratorios, Washington compra oro nicaragüense y el país es parte del CAFTA-DR. Expulsar a Nicaragua de este tratado comercial sería la última palanca punitiva, pero causaría efectos colaterales negativos en la cadena de suministros textiles de Honduras y Costa Rica, además de presionar los flujos migratorios.
Finalmente, la falta de una diáspora nicaragüense con el músculo electoral que poseen las comunidades cubana o venezolana en estados clave de EE. UU. contribuye a que la crisis nicaragüense permanezca en un segundo plano diplomático. Mientras tanto, Ortega consolida lo que se define como la última dictadura de América Latina, un sistema de partido único y control familiar que, según Salazar, podría prolongarse hasta el fallecimiento de sus protagonistas.
