La Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden de captura contra Hernando Deluque, quien se desempeñó como gobernador del departamento de La Guajira. Esta medida judicial se produce luego de que quedara en firme una condena penal de siete años de prisión en su contra, derivada de graves irregularidades cometidas en procesos de contratación durante su periodo administrativo.
El caso contra el exmandatario departamental ha cobrado especial relevancia en el ámbito político debido a su vínculo familiar con el senador Alfredo Deluque, integrante del Partido de la U. Se recuerda que el senador Deluque estuvo recientemente a pocos votos de alcanzar la presidencia del Congreso de la República, lo que añade una dimensión de interés público al proceso judicial que ahora afecta a su padre.
Los hechos que originaron la sentencia se remontan a la administración de Hernando Deluque entre los años 2001 y 2003. Durante este periodo, el exgobernador suscribió en el año 2001 un contrato entre la administración departamental y la Unión Temporal CV-IGG Ltda. El objetivo de dicho acuerdo contractual era la ejecución de obras destinadas al mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Riohacha, con un valor total pactado de 2.100 millones de pesos.
La investigación judicial determinó que, como parte de la ejecución de este contrato, se realizó el giro de un anticipo que superaba los 1.059 millones de pesos. No obstante, a pesar del desembolso de estos cuantiosos recursos públicos, las obras previstas para el beneficio de la capital guajira nunca fueron terminadas. Poco tiempo después de que se efectuara el pago del anticipo, los trabajos fueron suspendidos, dejando el proyecto inconcluso y los fondos invertidos sin el retorno en infraestructura esperado.
De acuerdo con el expediente judicial, la suspensión de las obras no fue un evento fortuito, sino la consecuencia de múltiples omisiones legales y administrativas. En primer lugar, el contrato se celebró y se inició sin contar con la licencia ambiental requerida por la ley. En segundo lugar, se evidenció que la alcaldía de Riohacha ni siquiera había realizado la entrega de los terrenos destinados para la ejecución de las obras. Finalmente, se omitió la realización de la consulta previa con las comunidades indígenas, un requisito indispensable para el desarrollo de proyectos en dicha región.
En la decisión que dejó en firme la condena, la justicia fue enfática al señalar que Hernando Deluque actuó con pleno conocimiento de las probables consecuencias de sus omisiones. El fallo indica que el exgobernador arriesgó la celebración del contrato, el giro del anticipo y la suscripción del acta de inicio sin cumplir con las formalidades legales señaladas en la ley, específicamente en lo referente a la licencia ambiental y la consulta previa. Esta serie de irregularidades derivó en la inmediata suspensión de la ejecución del contrato y, consecuentemente, en la pérdida de los dineros públicos invertidos.
En términos jurídicos, el exgobernador fue sentenciado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A lo largo del proceso, la defensa de Deluque interpuso diversos recursos legales con el objetivo de revertir la sentencia; sin embargo, todos fueron rechazados. El último intento por evitar la condena fue la interposición de un recurso de casación, el cual resultó improcedente según la determinación de la alta corporación.
Con el rechazo de este último recurso, la condena de siete años de cárcel quedó en firme, lo que habilitó la orden de captura inmediata para que el exgobernador cumpla la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia debido a las irregularidades contractuales cometidas hace más de dos décadas en La Guajira.
