Un juez anticorrupción ha rechazado la solicitud de prescripción presentada por la defensa del expresidente de Bolivia, Luis Arce, quien se encuentra actualmente bajo detención preventiva. La decisión judicial implica que el exmandatario deberá permanecer recluido mientras continúa el proceso legal en su contra, relacionado con presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como ministro de Economía en el periodo comprendido entre 2006 y 2019, bajo el gobierno de Evo Morales.
El acto judicial, llevado a cabo el pasado viernes, estuvo a cargo del juez Román Castro. Según las declaraciones brindadas este sábado a la agencia EFE por el abogado Fernando Rivadeneyra, representante legal de Arce, el magistrado no valoró los argumentos técnicos presentados por la defensa para solicitar la prescripción de la acción penal. Ante este fallo, Rivadeneyra manifestó que consideran esta decisión como una vulneración directa a las leyes, a la Constitución Política del Estado y a los preceptos establecidos en el bloque de convencionalidad, calificando la medida como una afrenta contra los derechos humanos.
La defensa técnica ha sido enfática al señalar que el juez incurrió en un "exabrupto" y dictó lo que califican como un "fallo prevaricador". El argumento central de la defensa reside en que la prescripción de los delitos imputados debería aplicarse una vez transcurridos ocho años desde la comisión del hecho. En el caso específico de Luis Arce, el abogado Rivadeneyra sostiene que los hechos presuntamente ocurrieron en el año 2009, lo que significaría que han transcurrido más de 16 años, superando ampliamente el límite legal para el ejercicio de la acción penal.
Además de la cuestión temporal, la defensa ha denunciado que el juez Román Castro ha excedido sus funciones, actuando presuntamente en la función de fiscal al establecer el monto del daño económico. Según el abogado, el juez determinó que el daño económico asciende a más de 330 millones de bolivianos (equivalentes a 54,1 millones de dólares según el tipo de cambio de la época). No obstante, la defensa sostiene que el monto definido originalmente no superaba los 7 millones de bolivianos, aproximadamente 1 millón de dólares. Rivadeneyra explicó que el juez ha determinado investigar montos que no están directamente individualizados, lo cual considera un detrimento a los derechos del procesado.
Luis Arce se encuentra bajo detención preventiva desde diciembre de 2025. Las investigaciones en su contra se centran en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La acusación sostiene que el exmandatario, mientras ejercía el cargo de ministro de Economía, autorizó el desembolso de recursos provenientes de un fondo de desarrollo hacia cuentas particulares de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas. Estos fondos estaban destinados a proyectos que, según la fiscalía, no fueron ejecutados o se realizaron únicamente de manera parcial.
Por su parte, la defensa del expresidente ha argumentado previamente que cualquier autorización de transferencia de recursos se realizó en estricto cumplimiento de la normativa vigente en aquel momento. Específicamente, señalan que se siguió una ley sobre el manejo de recursos del Estado y otra ley relativa al funcionamiento del fondo mencionado. Bajo esta premisa, la defensa sostiene que Arce no podía oponerse al cumplimiento de normas que habían sido debidamente aprobadas por el Parlamento de aquel periodo.
Un punto clave en la disputa legal es la naturaleza del juicio. La Fiscalía boliviana mantiene la postura de que el proceso contra Luis Arce debe llevarse a cabo por acciones realizadas en su calidad de ministro y no como presidente de la República. Debido a esto, la Fiscalía sostiene que el caso corresponde a un proceso en la vía ordinaria y no a un juicio especial de responsabilidades, que es el mecanismo reservado para las altas autoridades por actos cometidos en el ejercicio de la presidencia.
Hasta la fecha, el exmandatario ha presentado diversas solicitudes para recuperar su libertad, las cuales han sido denegadas por la autoridad judicial. En junio pasado, su detención preventiva fue ampliada por un periodo adicional de cinco meses, lo que significa que Luis Arce deberá permanecer recluido hasta el mes de noviembre.
