La administración del presidente Gustavo Petro se encuentra nuevamente en el centro de una fuerte controversia política y judicial. En esta ocasión, el foco de las críticas se ha centrado en la figura de Juliana Guerrero, exasesora del alto gobierno, quien actualmente ha sido llamada a juicio bajo cargos de posible fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. No obstante, la polémica ha escalado debido a revelaciones recientes que sugieren la existencia de una red irregular para la adjudicación de contratos estatales.
De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Semana, Juliana Guerrero, en presunta complicidad con su hermana, Verónica Guerrero, habría estructurado una red destinada a gestionar la obtención de contratos públicos para diversos empresarios. Según la investigación del medio, el esquema operaba mediante una división de roles estratégicos: mientras que Verónica Guerrero se encargaba de establecer el contacto y relacionarse directamente con los contratistas interesados, Juliana Guerrero utilizaba su posición y acceso al poder para realizar gestiones ante diferentes ministerios y coordinar reuniones con altos funcionarios con el objetivo de agilizar y favorecer los procesos de contratación.
El componente económico de estas presuntas gestiones ha generado especial indignación. La publicación señala que Juliana Guerrero habría recibido sumas cercanas a los 200 millones de pesos colombianos, además de un supuesto pago adicional equivalente al 10 % del valor de cada proyecto que lograra ser adjudicado a los empresarios involucrados. Este entramado de favores y pagos habría sido el motor de la red coordinada por las hermanas Guerrero.
Este nuevo señalamiento no llega de forma aislada, sino que se suma a una serie de escándalos que ya habían puesto bajo la lupa a las hermanas Guerrero. Entre las investigaciones previas se encuentran las denuncias sobre la presunta utilización de títulos académicos falsos provenientes de la Universidad San José. Asimismo, existe un proceso abierto relacionado con el uso de aeronaves de la Policía Nacional para realizar vuelos denominados “secretos”, los cuales fueron abordados por ambas mujeres y que hoy son objeto de diversas indagaciones judiciales.
Ante la gravedad de las acusaciones y la ola de críticas que han recaído sobre su gobierno, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para dar una respuesta contundente. El mandatario negó categóricamente que en su administración existan o hayan existido favorecimientos hacia los empresarios mencionados en el reporte, ni hacia ningún otro actor económico.
En su intervención, Petro planteó una tesis alternativa sobre el origen de las pruebas presentadas por la revista Semana. El presidente sugirió que los chats y evidencias publicados podrían haber sido suministrados por los mismos empresarios que intentaron comprar los contratos. Según el mandatario, si tales gestiones existieron, los empresarios habrían actuado bajo la falsa creencia de que el gobierno cedería ante presiones externas o intereses económicos.
En un tono tajante, el presidente afirmó que aquellos que entregaron dinero habrían actuado "como pendejos", pensando que los ministros o él mismo se dejarían llevar por la codicia o por la influencia de las mujeres involucradas. Petro incluso mencionó que, si se realizara una investigación más profunda, se descubriría que los empresarios fueron víctimas de una estafa, ya que el gobierno no permitió que se robaran los recursos públicos.
Asimismo, el jefe de Estado hizo referencia al supuesto alias de "el jefe de jefes" que se mencionaría dentro de la red, asegurando que dicha figura —en referencia a sí mismo— bloqueó los negocios porque sus prioridades son distintas a la codicia. Finalmente, el presidente Petro instó a la revista Semana a entregar todos los chats y pruebas a la Fiscalía General de la Nación, asegurando que es el ente judicial quien debe investigar la veracidad de los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en este caso.
