El gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión de retirarse de manera definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta determinación ocurre en el marco de las investigaciones que el tribunal lleva a cabo sobre posibles crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos desde el año 2017 bajo la gestión del mandatario derrocado Nicolás Maduro.
La notificación oficial fue gestionada por el canciller venezolano, Félix Plasencia, quien utilizó su cuenta en la plataforma X para informar que, siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el país comunicó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma. A través de este mecanismo, Venezuela inicia formalmente su proceso de retiro definitivo de la CPI, amparándose en lo establecido en el Artículo 127 del mencionado estatuto.
De acuerdo con el marco legal del Artículo 127, la denuncia presentada por el Estado venezolano no tiene efecto inmediato, sino que surtirá efecto un año después de la fecha en la que la notificación sea recibida por el organismo correspondiente.
En cuanto a las razones que motivan esta medida, el recién designado ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, señaló que Venezuela considera que la actuación de la Corte ha estado marcada por un sesgo geográfico evidente. Según el canciller, la labor de la CPI se ha concentrado de manera desproporcionada en naciones de África y América Latina. Plasencia afirmó que este comportamiento constituye un patrón que revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades existentes entre los pueblos.
Este movimiento se produce tras un proceso de tensiones prolongadas entre Caracas y el tribunal. En diciembre de 2025, el Parlamento venezolano ya había avanzado en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma. Este paso legislativo se dio luego de que la Corte Penal Internacional anunciara el cierre de su oficina en Caracas, justificando dicha decisión en la falta de un progreso real en el trabajo coordinado con el gobierno venezolano. En aquel momento, Caracas acusó a la fiscalía de la CPI, que estaba bajo la dirección de Karim Khan, de desentenderse de sus responsabilidades.
Coincidentemente, este viernes la asamblea del organismo decidió destituir a Karim Khan, quien fue acusado de agresión sexual.
La relación entre Venezuela y la CPI ha estado marcada por investigaciones y denuncias cruzadas. El tribunal abrió una investigación formal en 2021 para analizar la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, enfrentamientos que dejaron un saldo aproximado de 200 personas fallecidas. Previamente, en 2018, la Corte había iniciado un examen preliminar a raíz de una denuncia presentada por un grupo de países compuesto por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, quienes señalaron presuntas violaciones de derechos humanos en territorio venezolano.
Por otro lado, Venezuela también intentó utilizar la instancia judicial internacional para denunciar las sanciones impuestas por Estados Unidos. En el año 2020, el gobierno venezolano presentó un caso alegando que las medidas punitivas adoptadas por Washington desde 2014 habían provocado crímenes graves, incluyendo asesinatos, persecuciones y deportaciones. Sin embargo, la Corte Penal Internacional archivó estas denuncias al desestimar que tales medidas constituyeran crímenes de lesa humanidad.
Para contextualizar la trayectoria legal del país, Venezuela suscribió el Estatuto de Roma en 1998 y posteriormente ratificó dicha adhesión mediante una ley en el año 2000. La CPI, establecida en 2002, se define como la única corte independiente a nivel global creada para investigar los crímenes más graves, tales como los crímenes de guerra, los genocidios y los crímenes de lesa humanidad. El tribunal opera bajo el principio de ser una instancia de última instancia, lo que significa que solo interviene en casos donde los países implicados no tengan la voluntad o la capacidad de investigar los hechos por sus propios medios.
