En el marco del desarrollo del actual sistema frontal que afecta el territorio nacional, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido un reporte alarmante sobre la situación de conectividad y seguridad en la zona norte del país. Según las estimaciones del organismo, más de 61 mil personas se encuentran actualmente aisladas en las regiones de Atacama y Coquimbo, lo que ha generado una situación de alerta, especialmente en lo que respecta al acceso a servicios básicos y atención sanitaria.
Dentro de este escenario de emergencia, la principal preocupación de las autoridades y los equipos de salud se centra en aquellos pacientes que requieren cuidados médicos permanentes o especializados. El aislamiento geográfico y la interrupción de las vías de comunicación representan un riesgo crítico para quienes no pueden postergar sus tratamientos ni suspender el uso de equipos médicos vitales.
Ante la gravedad de la situación y la volatilidad de las cifras, que podrían variar a medida que se actualizan los reportes de terreno, el Gobierno ha tomado medidas concretas. Desde el pasado martes 21 de julio, se estableció como una prioridad absoluta garantizar la continuidad en la atención de dos grupos específicos de pacientes: aquellas personas que dependen de la diálisis para sobrevivir y los pacientes electrodependientes, quienes requieren un suministro eléctrico constante para operar sus dispositivos de soporte vital.
La complejidad de este aislamiento ha sido analizada desde la perspectiva académica. Diego Silva, académico de medicina de la Universidad Central, advirtió en una entrevista concedida a El Mercurio sobre las implicancias multidimensionales de esta crisis. Según el especialista, el aislamiento no solo representa un obstáculo logístico, sino que puede afectar severamente tanto la salud física como la salud mental de los afectados. Silva subrayó que esta situación incrementa significativamente el riesgo de complicaciones de índole funcional y genera serias dificultades para acceder a cuidados médicos oportunos, los cuales son esenciales para evitar el deterioro de los cuadros clínicos.
Asimismo, el académico destacó que el impacto de estas medidas de aislamiento no es uniforme, sino que se agudiza en ciertos sectores de la población. En este sentido, señaló que la presencia de enfermedades crónicas, la dependencia directa de cuidadores y la vulnerabilidad social actúan como factores que potencian el riesgo, aumentando la fragilidad de los pacientes frente a la emergencia climática.
Por su parte, la ministra de Salud, May Chomalí, se pronunció tras su participación en la Mesa Técnica destinada a coordinar la respuesta ante el desastre. La autoridad sanitaria envió un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que el Ministerio de Salud mantiene un monitoreo exhaustivo de los casos de mayor riesgo. "Quiero asegurarle a la población, especialmente a los pacientes de mayor riesgo, que estamos preocupados por ellos, uno a uno", afirmó la ministra.
En cuanto a la operatividad del sistema de salud en las zonas afectadas, la ministra Chomalí fue honesta sobre las condiciones actuales, reconociendo que, si bien los servicios de urgencia están operativos, no se encuentran funcionando en las condiciones ideales que las autoridades desearían. No obstante, enfatizó que la capacidad de respuesta sigue vigente para atender cualquier emergencia que surja en el contexto del sistema frontal.
La titular de Salud hizo especial hincapié en la seguridad de los pacientes electrodependientes y aquellos en tratamiento de diálisis. La ministra remarcó que se han tomado todas las previsiones necesarias para que no exista un desabastecimiento de medicamentos crónicos y aseguró que la diálisis será suministrada en el momento exacto en que los pacientes la necesiten, eliminando la incertidumbre sobre el acceso a estos tratamientos críticos.
Finalmente, el Ministerio de Salud informó que la estrategia de cuidado se basa en un catastro actualizado. Actualmente, el Gobierno cuenta con un registro detallado de todos los pacientes electrodependientes y pacientes de diálisis en las regiones afectadas. A través de este catastro, se monitoriza la situación individual de cada persona, lo que permite ejercer un control más eficiente y un cuidado más preciso, buscando mitigar los riesgos derivados del aislamiento provocado por el sistema frontal.
