Una primera evaluación rápida realizada por el Banco Mundial ha revelado que los daños materiales ocasionados por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela ascienden a un total de 19.500 millones de dólares. Según el informe de la entidad financiera, el sector residencial fue el más afectado, representando casi la mitad de las pérdidas totales con un monto de 9.300 millones de dólares en daños a las viviendas.
El desglose económico del desastre indica que los edificios no residenciales sufrieron pérdidas valoradas en 5.000 millones de dólares, mientras que la infraestructura general del país enfrentó daños por un total de 5.200 millones de dólares. En términos macroeconómicos, el Banco Mundial advirtió que este desastre impactará los niveles de productividad, el consumo y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela durante la próxima década.
En cuanto al costo de la reconstrucción, la evaluación estima que las necesidades ascienden aproximadamente al 18% del PIB actual del país, basándose en datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe destacar que esta cifra es significativamente menor a la primera estimación realizada por las Naciones Unidas una semana después de los sismos, la cual situaba las pérdidas en el orden de los 37.000 millones de dólares.
El impacto humano de la tragedia ha sido severo. El recuento oficial confirma que al menos 5.398 personas murieron a causa de los sismos, mientras que 16.740 personas resultaron heridas. Además, existen estimaciones extraoficiales que sitúan la cifra de desaparecidos en varios miles. Geográficamente, los estados de La Guaira y Distrito Capital fueron los más golpeados, concentrando el 47% de los daños detectados, seguidos por los estados de Miranda y Carabobo.
Ante este escenario, los expertos del Banco Mundial sugieren que el ritmo de la reconstrucción será un factor decisivo para moldear la recuperación económica y los resultados sociales del país. Para mitigar los efectos negativos, recomiendan ampliar la inversión tanto pública como privada. El informe añade que, si se logra ampliar el margen fiscal, una mayor inversión pública podría acelerar la reconstrucción, mientras que las transferencias directas a los hogares afectados ayudarían a mitigar las pérdidas de consumo.
Este desastre ocurre en un contexto político y económico complejo. Venezuela, a pesar de su riqueza en gas, petróleo y minerales, ha enfrentado años de pobreza generalizada debido a la mala gestión económica y a la presión ejercida por Estados Unidos. No obstante, dicha presión se ha aliviado desde enero, mes en el que Washington derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro mediante una operación militar.
Actualmente, el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, opera bajo la supervisión estrecha de la administración de Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos ha tomado el control de los ingresos petroleros del país, los cuales permanecen depositados en cuentas bancarias estadounidenses. De acuerdo con el Departamento de Estado, los primeros gastos autorizados han sido destinados a la compra de maquinaria de origen estadounidense, artículos de primera necesidad y medicamentos.
En el ámbito multilateral, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han restablecido sus contactos con el gobierno venezolano tras el derrocamiento de Maduro. En este marco, el FMI ya ha proporcionado alrededor de 346 millones de dólares provenientes de las reservas del país mantenidas con el prestamista. Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, afirmó que los terremotos han trastocado vidas, dañado infraestructura crítica y creado nuevos desafíos para la recuperación, asegurando que el Banco apoyará los esfuerzos en cada paso del camino.
A un mes del desastre, las labores de búsqueda de personas bajo los escombros continúan, aunque las operaciones han evolucionado para priorizar la reconstrucción y la ayuda humanitaria. Las Naciones Unidas estiman que más de un millón de personas requieren asistencia inmediata y, a principios de este mes, lanzaron un llamado urgente para recaudar casi 300 millones de dólares destinados a ayudar a 1,3 millones de personas.
Finalmente, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, prometió esta semana la entrega de 4.000 viviendas antes de que finalice el año. Esta medida busca dar respuesta a los desplazados por los sismos, ya que se estima que actualmente unas 23.000 personas se encuentran sin hogar.
