La administración del presidente Donald Trump ha formalizado una solicitud ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se respalde la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta petición surge en el marco de una demanda civil que ha sido presentada en una corte federal de Miami por tres ciudadanos estadounidenses, quienes denuncian haber sido víctimas de secuestro, tortura y detenciones arbitrarias por parte del régimen venezolano.
El movimiento del Gobierno estadounidense ocurre en un momento de alta tensión judicial, apenas unos días después de que un juez federal emitiera una orden de indemnización por un monto de 314 millones de dólares contra Nicolás Maduro, Alex Saab y otros implicados. Dicha sentencia fue el resultado de la inacción de los acusados, quienes no respondieron a la demanda interpuesta en la corte de Miami.
A pesar de la magnitud de la sentencia contra los otros funcionarios y operadores, Delcy Rodríguez no fue incluida en dicho fallo. La razón fundamental es que su equipo legal había comparecido previamente ante el tribunal para solicitar la desestimación del caso, basándose en el argumento de que la funcionaria posee inmunidad debido a su cargo como jefa de Estado reconocida por el Gobierno de Washington.
La solicitud oficial para respaldar esta inmunidad fue enviada por Reed Rubinstein, asesor jurídico del Departamento de Estado, dirigida al fiscal general adjunto, Brett Shumate. En la comunicación, la administración estadounidense enfatiza un punto clave de su política exterior: el reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela desde el pasado 5 de marzo. Este reconocimiento se produjo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
El documento remitido al Departamento de Justicia subraya que existe una solicitud formal previa por parte de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. En dicha misiva, la representación diplomática pidió al Departamento de Estado que certificara la inmunidad de Rodríguez ante el tribunal que está procesando la demanda civil.
Más allá de la figura jurídica de la inmunidad, el Gobierno de Estados Unidos ha solicitado que el caso contra Rodríguez sea desestimado por completo, argumentando que el proceso judicial podría tener consecuencias negativas para la política exterior de Washington. Según la comunicación oficial, el asunto reviste una "especial importancia" debido a las "significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo".
En cuanto a los detalles de la demanda, los demandantes han sido identificados como Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval. Estos tres ciudadanos estadounidenses relataron haber permanecido encarcelados en Venezuela, donde aseguran haber sido sometidos a torturas físicas y psicológicas. Entre los abusos denunciados se encuentran descargas eléctricas, golpizas y la imposición de posiciones de estrés. Estos hechos, que forman parte del expediente judicial, también son objeto de diversas investigaciones a nivel internacional.
Los tres ciudadanos fueron liberados en el año 2023, resultado de un intercambio negociado que involucró a Alex Saab, quien es señalado por las autoridades de Estados Unidos como el operador financiero del chavismo.
Por su parte, el juez federal Darrin P. Gayles fue quien dictó la sentencia de 314 millones de dólares contra Nicolás Maduro, Alex Saab y otros altos funcionarios venezolanos, incluyendo al denominado Cartel de los Soles. El magistrado basó su decisión en el hecho de que los demandados no respondieron a las acciones legales presentadas en Miami.
Actualmente, el proceso judicial continúa su curso para determinar si la presidenta interina podrá acogerse efectivamente a la inmunidad solicitada por la administración de Donald Trump. Desde la captura de Maduro, Washington ha mantenido y fortalecido los vínculos con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, mientras se define el destino legal de la mandataria en las cortes estadounidenses.
