La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha manifestado su profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa la producción de trigo en Bolivia. Frente a un escenario de baja productividad que compromete la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del sector, la organización ha planteado la implementación urgente de una agenda público-privada diseñada para revertir la tendencia negativa y recuperar la capacidad productiva del país.
Esta propuesta se fundamenta en cuatro pilares estratégicos que, según la entidad, son indispensables para brindar sostenibilidad al sector. El primero de estos ejes se centra en el establecimiento de precios que otorguen certidumbre al productor, eliminando la incertidumbre económica que actualmente desincentiva la siembra. En segundo lugar, Anapo enfatiza la necesidad de garantizar un abastecimiento oportuno de diésel, insumo crítico para las labores mecanizadas del campo. Como tercer punto, se solicita el acceso facilitado a financiamiento y seguros agrícolas, herramientas esenciales para mitigar los riesgos inherentes a la actividad. Finalmente, la agenda propone la incorporación de tecnologías avanzadas que permitan mejorar la productividad y dotar a los cultivos de una mayor resiliencia frente a los efectos adversos de la sequía.
Al respecto, el vicepresidente de Anapo, Adán Mérida, subrayó la relevancia de estas medidas, señalando que pueden convertirse en la base de un plan nacional orientado a recuperar la producción triguera y, consecuentemente, disminuir la dependencia externa de un insumo tan vital.
La gravedad de la situación se refleja en las cifras oficiales proporcionadas por Anapo. Durante el año 2025, Bolivia produjo un total de 92.010 toneladas de trigo, un volumen que resulta insuficiente para cubrir las necesidades del mercado interno. Esta cifra representa apenas el 11% de la demanda nacional, la cual se estima en 850.000 toneladas anuales. Esta brecha productiva, que se ha vuelto una constante año tras año, obliga al Estado y a los importadores a adquirir trigo y harina del mercado exterior.
El costo económico de esta deficiencia es considerable. Se estima que el país debe importar estos productos por un valor anual de 79,3 millones de dólares, siendo Argentina el principal proveedor. Esta fuga de divisas pone de relieve la urgencia de fortalecer la producción nacional de uno de los alimentos básicos más importantes de la canasta familiar boliviana.
Uno de los datos más alarmantes expuestos por la dirigencia de Anapo es la drástica reducción de la superficie destinada al cultivo. Adán Mérida lamentó que, mientras en el año 2015 se sembraban 150.000 hectáreas de trigo, en la presente campaña de invierno la superficie se ha reducido a 57.210 hectáreas. Esto significa que, en un periodo de diez años, el área triguera en el país se ha reducido a menos de la mitad, evidenciando un retroceso significativo en la capacidad instalada de siembra.
Ante este panorama, el dirigente advirtió que el desafío inmediato no solo radica en recuperar las hectáreas perdidas, sino también en incrementar los rendimientos por unidad de superficie. En este contexto, se destacó la importancia fundamental del departamento de Santa Cruz, que actualmente concentra el 69% de la producción nacional, consolidándose como el motor principal de este cultivo en Bolivia. Dentro de este esfuerzo regional, se otorgó un reconocimiento especial a la Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa R.L. (CAICO), resaltando su compromiso con el mantenimiento y la continuidad del cultivo de trigo.
Finalmente, Anapo recordó que el cultivo de trigo durante las campañas de invierno no solo tiene un valor económico, sino también un beneficio agronómico crucial. La incorporación de este cereal contribuye a conservar la fertilidad del suelo y mejorar su estructura física. Asimismo, permite optimizar el manejo del agua y reducir la incidencia de diversas plagas y enfermedades, lo que fortalece la sostenibilidad general de la producción agrícola en el país.
