La necesidad de que los Estados asuman una responsabilidad activa en la configuración de la industria de la inteligencia artificial (IA) se ha vuelto una prioridad urgente. Según un análisis de Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, solo las instituciones independientes y proactivas, incluyendo los organismos reguladores, poseen la capacidad de mitigar los riesgos inherentes a estas tecnologías y asegurar que estas potencien la dignidad humana en lugar de socavarla.
A pesar de la urgencia, se observa que muchos gobiernos han respondido al auge de la IA con una actitud de resignación, argumentando que no comprenden los sistemas lo suficiente como para intervenir o que es demasiado pronto para tomar medidas relevantes. Sin embargo, Ramos señala que este enfoque difiere de la gestión de revoluciones tecnológicas anteriores. En casos como el agotamiento de la capa de ozono, la geoingeniería o la modificación genética, los gobiernos intervinieron basándose en pruebas creíbles de daños o en el potencial de riesgos graves, sin esperar a alcanzar una certeza científica absoluta. En aquellos casos, se adoptó un enfoque basado en los resultados, exigiendo que las empresas rindieran cuentas por los daños causados por sus productos.
En este sentido, se plantea que los gobiernos tienen el deber de exigir evaluaciones rigurosas de las tecnologías de gran impacto antes de que lleguen al mercado. Como ejemplo, se citan organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Estas entidades no inventan los medicamentos, sino que verifican que sean seguros y eficaces. La evidencia sugiere que esta supervisión independiente no ha frenado la innovación ni la competitividad de la industria farmacéutica; por el contrario, ha dotado a sus descubrimientos de mayor fiabilidad.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos, cuya influencia en el mercado global de la IA es determinante, ha mostrado reticencia a regular estas tecnologías. El argumento recurrente es que la regulación inhibe la innovación, una postura reforzada por la competencia tecnológica con China, a pesar de que Estados Unidos desarrolla la gran mayoría de los modelos de vanguardia.
La actitud de "esperar y ver qué pasa" podría tener consecuencias catastróficas. Un ejemplo concreto son las pruebas de Mythos realizadas por Anthropic, las cuales demostraron que ciertos modelos de IA pueden identificar y explotar vulnerabilidades en los principales navegadores web y sistemas operativos. De implementarse de forma irresponsable o caer en manos equivocadas, estas capacidades podrían comprometer la seguridad nacional, los sistemas financieros y la infraestructura crítica a escala global.
En este contexto, la administración del presidente Donald Trump ha impuesto restricciones al acceso de actores extranjeros a modelos de IA avanzados, incentivando a otros países a reducir su dependencia de proveedores estadounidenses. Más allá de esto, Trump sugirió que el gobierno federal adquiriera participaciones accionariales en empresas de IA para que el pueblo estadounidense se beneficiara. En línea con esto, se informó que OpenAI propuso ofrecer al gobierno de Estados Unidos una participación del 5% en la empresa.
Esta propuesta de propiedad gubernamental genera preocupaciones profundas. En primer lugar, el riesgo para la privacidad es considerable. Dado que los usuarios suelen tratar a los asistentes de IA como diarios personales donde confiesan dudas íntimas o preferencias políticas, que el gobierno sea propietario de la empresa que gestiona dichos sistemas podría derivar en una distopía de vigilancia basada en la confianza y no en la coacción.
En segundo lugar, existe un conflicto institucional. El propósito de los gobiernos es garantizar que los mercados beneficien a la sociedad, no maximizar el valor de carteras de inversión. Si el Estado se convierte en accionista, podría surgir un conflicto de intereses donde la rentabilidad de la inversión choque con la seguridad pública a largo plazo, socavando la confianza en la independencia regulatoria.
Finalmente, se sostiene que existen alternativas más eficaces que la adquisición de acciones. Los gobiernos deberían invertir en instituciones sólidas e independientes, desarrollar normas de seguridad estrictas, establecer regímenes de responsabilidad claros para quienes causen daños con la IA y asegurar que las multinacionales tecnológicas paguen los impuestos correspondientes. El objetivo debe ser recuperar el papel del Estado como configurador de los mercados en aras del interés público, utilizando las herramientas institucionales ya probadas en otras economías de mercado exitosas.
