La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha logrado la vinculación a proceso de un individuo identificado como Enrique “N”, quien se desempeña como sacerdote, bajo el cargo de pederastia agravada. El imputado es señalado de haber cometido este delito contra una adolescente de 17 años de edad en la demarcación territorial de la alcaldía Cuauhtémoc.
Los hechos judiciales alcanzaron un punto determinante durante la audiencia celebrada el pasado 14 de julio. En dicho acto procesal, la fiscalía capitalina llevó a cabo la formulación de la imputación y presentó ante el juzgado los datos de prueba recabados durante la etapa inicial de la investigación. Tras analizar las evidencias, el juez determinó que existen elementos suficientes para vincular a Enrique “N” a proceso, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla el camino legal. Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se deberán robustecer las pruebas del caso.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el expediente formal de investigación se inició el 4 de junio de 2026, derivado de una denuncia interpuesta por la madre de la víctima. El origen de las sospechas se remonta al 8 de enero de ese mismo año, fecha en la cual la progenitora de la menor encontró, al revisar el teléfono celular de su hija, una serie de conversaciones de contenido sexual. Dichos mensajes provenían de un contacto registrado en el dispositivo bajo el nombre de "Winnie Poo".
Posteriormente, la adolescente señaló que el contacto identificado como "Winnie Poo" correspondía en realidad al sacerdote Enrique “N”. La víctima denunció que el religioso la habría obligado a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones distintas, hechos que dieron pie a la detención del imputado el pasado 9 de julio en la alcaldía Cuauhtémoc.
Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México ha tomado conocimiento de la situación y ha reaccionado mediante la apertura de una investigación interna. El Cardenal Carlos Aguiar Retes, en su calidad de Arzobispo Primado de México, ha instruido formalmente a la autoridad eclesiástica para que se inicie la investigación previa correspondiente. Este proceso interno se llevará a cabo estrictamente de conformidad con el derecho canónico y siguiendo los procedimientos establecidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de tratar casos de delitos graves dentro de la Iglesia.
A través de un comunicado oficial, la Arquidiócesis manifestó que, por el momento, evitará emitir juicios anticipados sobre el caso. En este sentido, la institución informó que no dará a conocer la identidad del sacerdote señalado y, de manera enfática, pidió a la sociedad en general abstenerse de difundir cualquier dato que pueda permitir la identificación de la menor de edad afectada, con el fin de proteger su integridad y privacidad.
La postura de la Iglesia Católica en México subraya el reconocimiento al derecho de toda persona a la presunción de inocencia y al debido proceso. La Arquidiócesis reiteró que se abstendrá de revelar la identidad del clérigo mientras las autoridades civiles competentes desarrollen las diligencias correspondientes y se respeten las disposiciones legales aplicables.
Un detalle relevante en la comunicación de la Arquidiócesis es la mención de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no les había notificado formalmente sobre el arresto del sacerdote. No obstante, la institución eclesiástica manifestó su total disposición a colaborar con las autoridades gubernamentales para contribuir al esclarecimiento de los hechos y asegurar la procuración de justicia.
Finalmente, la Arquidiócesis detalló que, mientras se desarrollan las investigaciones tanto civiles como canónicas, se adoptarán las medidas cautelares que resulten procedentes dentro de su jurisdicción. La institución aclaró que estas acciones internas se realizarán sin interferir ni sustituir en ningún momento las actuaciones de las autoridades civiles, manteniendo una separación clara entre el proceso penal y la investigación administrativa eclesiástica.
