El Poder Ejecutivo de Costa Rica mantiene su interés en impulsar una reforma constitucional que permita la reelección presidencial consecutiva, aunque reconoce que, por el momento, no cuenta con el respaldo necesario en la Asamblea Legislativa para lograr que la propuesta avance. Tras dos meses de sesiones extraordinarias en el nuevo periodo legislativo, el Gobierno ha decidido no convocar aún el expediente que busca modificar el artículo 132 de la Constitución Política.
Alejandro Barrantes, viceministro de la Presidencia y enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, confirmó que la iniciativa sigue siendo una prioridad para la administración, pero explicó que la falta de los 38 votos requeridos ha motivado una pausa estratégica. Según Barrantes, la intención es aprovechar los procesos de negociación y el acercamiento con los diputados en diversos temas para que el panorama político sea más favorable en los próximos periodos de sesiones extraordinarias.
“Hay que ver en qué podemos avanzar con 38 votos y en qué no; todo a su debido momento”, señaló el viceministro, asegurando que la propuesta se discutirá cuando las condiciones sean propicias. Asimismo, detalló que el asunto ya ha sido conversado con diversos sectores, pero ante la negativa de la oposición de analizar la propuesta, el Gobierno optó por priorizar otros proyectos de reforma constitucional.
Entre los temas que el Ejecutivo ha decidido adelantar se encuentran las reformas a los plazos para la reelección de magistrados, con el objetivo de evitar que puedan reelegirse de forma automática e indefinida. De igual manera, el Gobierno ha puesto énfasis en el plan que busca establecer un plazo límite al período de la Contralora General de la República.
La propuesta específica para habilitar la reelección presidencial se encuentra consignada en el expediente 25.421, el cual fue presentado originalmente en la legislatura pasada por el diputado Leslye Bojorges. Bojorges, quien fue electo en 2022 por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), posteriormente se declaró independiente, consolidándose como uno de los aliados más cercanos al chavismo en el Congreso.
El objetivo central de esta reforma es modificar el artículo 132 de la Constitución Política. En la actualidad, la normativa establece que no puede ser elegido Presidente ni Vicepresidente quien haya servido en la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para el cual se verifica la elección. Esto obliga a los mandatarios salientes a esperar ocho años antes de poder optar nuevamente por el cargo.
Con la reforma propuesta por Bojorges, el texto constitucional pasaría a indicar que no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente aquel que haya servido en la Presidencia por dos períodos presidenciales. Bajo este esquema, el presidente de turno podría reelegirse por un período más, estableciendo un máximo de ocho años totales en el cargo.
Esta iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia en la bancada del Partido Liberación Nacional. Álvaro Ramírez, jefe de la bancada verdiblanco, ha sido enfático al rechazar la propuesta, argumentando que la alternancia en el poder es fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia costarricense. Para Ramírez, el modelo actual actúa como una "vacuna contra el populismo", razón por la cual su fracción defenderá el texto vigente de la Constitución.
Por su parte, la presidenta Laura Fernández ha mantenido una postura clara desde su etapa como candidata en agosto de 2025. Fernández ha manifestado su apoyo a la reelección consecutiva, comparando el modelo con el de Estados Unidos, donde un presidente que realiza una gestión exitosa tiene la posibilidad de presentarse a un segundo periodo inmediato. No obstante, la mandataria ha sido tajante al rechazar cualquier reforma que permita una reelección indefinida.
Desde una perspectiva histórica, la prohibición de la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica fue restablecida tras un fallo de la Sala Constitucional en el año 2003. En aquel momento, la Sala anuló una reforma de 1969, considerando que dicha modificación restringía de manera desproporcionada los derechos políticos fundamentales y no era compatible con el diseño original de la Constitución de 1949. Este fallo devolvió al país el sistema actual, donde la reelección es permitida, pero no de manera consecutiva.
