La Fiscalía General de la Nación ha reunido un amplio acervo probatorio que incluye testimonios, delaciones y chats filtrados para demostrar que Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y actual superintendente, Daniel Quintero, habría formado parte de una red corrupta encargada de manejar la contratación irregular en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
La entidad investigadora ha citado para el lunes 3 de agosto a Miguel Quintero, junto a otras tres personas, para una diligencia de imputación de cargos. Los presuntos delitos que se les atribuyen son interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Entre los citados se encuentran Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín; y Sebastián Ortega Urán, hijo de un influyente político de Bello.
A pesar de que Miguel Quintero y Sebastián Ortega no ostentaban cargos públicos, existen testimonios que indican que habrían integrado una estructura que controlaba la contratación estatal no solo en el AMVA, sino también en Metroparques, el Inder y la EDU. Según las indagaciones, Quintero era reconocido dentro de la organización como el “jefe”, término que aparece recurrentemente en chats analizados por la Fiscalía.
Uno de los elementos clave en la investigación es una conversación del 28 de marzo de 2020, en la que Jorge Liévano, entonces gerente de Metroparques y actual imputado, informaba estar en teleconferencia con el alcalde y con un sujeto identificado como Juan David. Liévano adjuntó una fotografía de su teléfono para confirmar la comunicación con personas identificadas como Carlos Miguel y Juan Sebastián. Los investigadores buscan determinar si estos últimos son Miguel Quintero y Sebastián Ortega, lo que podría vincular directamente al exalcalde con el conocimiento del entramado irregular.
Actualmente, existen dos procesos penales abiertos sobre el AMVA. El primero se centra en la contratación para el mantenimiento del Parque de las Aguas y la construcción de una bodega, con un costo aproximado de 18.000 millones de pesos. En este caso están imputados Liévano, Villada, María Eugenia Domínguez (exgerente de Metroparques) y Viviana del Valle Velásquez (exjefe de compras), además de varios representantes legales de empresas contratistas. Los delitos imputados incluyen celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
El segundo proceso versa sobre seis contratos, también por cerca de 18.000 millones de pesos, suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Se sospecha que parte de estos fondos fueron destinados a la campaña electoral de Misael Cadavid, gerente de los bomberos, para aspirar a la Cámara. Un audio revelado por el portal Voragine sugiere que Cadavid tuvo una reunión con el entonces alcalde Quintero, quien se habría comprometido a ayudarlo en su campaña, coincidiendo con la firma de contratos por casi 10.000 millones de pesos en época preelectoral.
El modus operandi de la presunta red, según testimonios ya oficializados, consistía en cobrar comisiones del 20% por cada puente o vía construida en convenios del Área con diversos municipios. Se alega que el 10% de este monto era destinado a Miguel Quintero y el resto se distribuía entre los demás miembros de la estructura, quienes habrían llegado a conformar un comité de contratación paralelo al oficial. Los pagos se realizaban presuntamente en efectivo o especie. Como ejemplo de este flujo de dinero, un testigo relató que Cadavid entregó un BMW a Álvaro Villada como parte de los contratos de bomberos.
La investigación también ha revelado el uso de lujos como relojes Rolex y vehículos Ferrari entre los implicados. En chats analizados, Villada se refiere a Miguel Quintero como el "mero jefe" mientras presumía sus adquisiciones. Respecto a Sebastián Ortega, las fuentes indican que su rol parecía ser más el de un socio que el de un subordinado de Miguel Quintero.
Sobre la implicación de Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha señalado políticamente que sería el "jefe de la banda", aunque esto no es una determinación judicial. No obstante, la Fiscalía analiza una copia espejo del teléfono de un implicado que contiene un mensaje borrado relacionado con el "mayor Yepes", quien fue jefe de seguridad del exalcalde, para determinar la naturaleza de sus comunicaciones.
El proceso ha avanzado significativamente desde finales de 2025 gracias a que varios implicados han aceptado cargos mediante sentencias anticipadas o han solicitado principios de oportunidad a cambio de brindar información clave, lo que permitió llegar a las imputaciones contra el círculo cercano del exmandatario.
