El Gobierno ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, en el cual se analiza la situación jurídica del exmandatario Pedro Castillo. A través de un comunicado, la administración actual ha precisado la naturaleza del organismo emisor, calificando al Grupo de Trabajo como un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional.
Según la explicación brindada por el Ejecutivo, este grupo está compuesto por profesionales independientes cuya función principal es examinar comunicaciones individuales para, posteriormente, formular opiniones y recomendaciones dirigidas a los diversos Estados. El comunicado enfatiza que las opiniones emitidas por este Grupo constituyen pronunciamientos que provienen de un mecanismo de supervisión no jurisdiccional. En este sentido, el propósito fundamental de dichos pronunciamientos es promover el diálogo y fomentar la cooperación internacional en materia de derechos humanos, mas no imponer mandatos legales.
En un punto crítico de su argumentación, el Gobierno subrayó que estas opiniones no poseen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional. Por lo tanto, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no tienen la capacidad de producir, por sí mismas, efectos directos dentro del ordenamiento jurídico interno del país. En consecuencia, el Ejecutivo afirmó que tales recomendaciones no modifican las decisiones que hayan sido adoptadas por las autoridades nacionales competentes.
Con este razonamiento, el Gobierno descarta tácitamente aceptar la recomendación del grupo de trabajo de la ONU, la cual sugiere que Pedro Castillo sea excarcelado. El informe de las Naciones Unidas sostiene que tanto la detención como la destitución del exmandatario, llevada a cabo por el Parlamento en diciembre de 2022, carecen de sustento legal. Asimismo, el organismo internacional planteó que el exgobernante debería ser indemnizado.
A pesar de la postura oficial del Gobierno sobre la no obligatoriedad del informe, el actual presidente ha manifestado una perspectiva distinta. El jefe de Estado señaló que el pronunciamiento de la ONU fue considerado como un elemento a analizar. Esta revisión tiene como objetivo evaluar si existe el sustento jurídico necesario para considerar un eventual indulto al exmandatario. Cabe recordar que Pedro Castillo ha sido condenado a una pena de 11 años y cinco meses de prisión por haber decretado, aunque sin lograr concretar la medida, la disolución del Parlamento, entidad que había intentado cesarlo en su cargo en más de una ocasión.
Este escenario ha servido de catalizador para que los seguidores de Castillo intensifiquen sus demandas de libertad. En este contexto, Roberto Sánchez, líder del partido progresista Juntos por el Perú (JP), ha asumido el liderazgo de estas exigencias. Sánchez, quien fue rival de la presidenta electa Keiko Fujimori en el balotaje del pasado 7 de junio —encuentro electoral donde Fujimori se impuso con una ventaja inferior al uno por ciento—, ha hecho un llamado público a la movilización.
El dirigente político convocó a la realización de una protesta pacífica programada para el próximo 15 de julio. El objetivo de esta manifestación es exigir que el Gobierno atienda la recomendación emitida por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sánchez ha vinculado esta demanda con la posibilidad de establecer un canal de comunicación con la administración actual, planteando la atención a dicha recomendación como una de las condiciones para entablar un diálogo con Keiko Fujimori.
Como muestra de su postura, Roberto Sánchez visitó recientemente a Pedro Castillo en el presidio destinado a exgobernantes. Al lugar llegó acompañado de un grupo de manifestantes, quienes se congregaron en las puertas de la cárcel para corear reclamos y exigir la libertad del exmandatario, alineándose con las recomendaciones del organismo internacional.
