El Partido Demócrata ha elevado sus advertencias al máximo nivel ante lo que consideran intentos deliberados del presidente Donald Trump por influir en el desarrollo de las próximas elecciones. Esta preocupación ha sido sintetizada por el estratega y analista político de CNN, David Axelrod, quien afirmó tajantemente que "todas las señales están en rojo" respecto al comportamiento del mandatario en el periodo previo a los comicios.
Según el análisis de Axelrod, en un escenario de condiciones normales, el Partido Republicano se enfrentaría a una derrota este otoño, impulsada en gran medida por la impopularidad de Donald Trump. Es precisamente este escenario el que, según el estratega, ha llevado al presidente a preparar un "plan B", consistente en adoptar cualquier medida necesaria para asegurar la victoria. Axelrod advirtió que aquellos que consideren que el presidente no llegaría a tomar ciertas medidas extremas es porque no han prestado suficiente atención a sus acciones previas.
Esta atmósfera de tensión ha llegado hasta los votantes. La representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata por Florida, informó que en su distrito —de mayoría demócrata— existe una preocupación creciente. La legisladora señaló que, por primera vez en su trayectoria profesional, ha recibido testimonios de electores que temen que el presidente pueda cancelar las elecciones, declarar la ley marcial o que, en el peor de los casos, ni siquiera se lleven a cabo los comicios en noviembre. Aunque Wasserman Schultz ha intentado tranquilizar a sus electores frente a estos temores alarmistas, la situación se ve agravada por la redistribución de los mapas electorales. Los republicanos han impulsado una campaña para modificar dichos mapas a su favor, una estrategia que, según evaluaciones de CNN, podría otorgarles hasta 10 escaños adicionales.
En el ámbito institucional, David Axelrod ha enumerado una serie de acciones ejecutadas por el Gobierno de Trump para interferir en la organización electoral, la cual es responsabilidad de cada estado. Una de las medidas más recientes y preocupantes fue el despido, el pasado jueves, de tres de los cuatro comisionados de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC). Este organismo, creado por el Congreso en 2002 y de carácter bipartidista, tiene la función crucial de distribuir fondos federales para garantizar que los estados realicen elecciones seguras. A este debilitamiento se suma la situación de la Comisión Federal Electoral (FEC), encargada de supervisar el financiamiento de las campañas, la cual carece actualmente del quórum necesario para operar.
Otro punto crítico es la gestión de la inteligencia nacional. Trump designó temporalmente a Bill Pulte, un empresario multimillonario sin experiencia previa en inteligencia, como director de Inteligencia Nacional. Pulte, quien mantiene vínculos estrechos con el Partido Republicano, ha sido criticado anteriormente por utilizar sus funciones en asuntos de vivienda para señalar a adversarios políticos con acusaciones de fraude hipotecario. Según reportes de CNN, el presidente desea que Pulte centre su labor en temas de seguridad electoral, una función que se aleja de las responsabilidades habituales del máximo responsable de inteligencia del país.
A esto se añade el nombramiento de personas consideradas "negacionistas electorales" en puestos de supervisión sensibles, basándose en la postura sin pruebas de Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020. Asimismo, el presidente ha intentado tomar el control del voto por correo mediante la creación de una base de datos nacional de registro de votantes, iniciativa que ha sido impugnada por estados de ambas tendencias políticas. Recientemente, un juez rechazó la solicitud de Trump de restringir la distribución de boletas por parte del Servicio Postal a aquellos estados que cumplieran con sus exigencias específicas.
En el plano legislativo, Trump ha presionado por la aprobación de la Ley SAVE America, la cual es descrita por grupos especializados en integridad electoral como una de las herramientas de supresión del voto más poderosas en generaciones. El presidente llegó al extremo de negarse a firmar un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda como medida de protesta debido a que el Congreso no aprobó dicha iniciativa electoral.
Finalmente, existe el temor de que las afirmaciones infundadas de fraude electoral sirvan para justificar intervenciones federales extraordinarias. Durante una audiencia de confirmación, se consultó sobre la posibilidad de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de votación, posibilidad que no fue descartada completamente.
No obstante, estas acciones han encontrado obstáculos. El Tribunal Supremo falló recientemente a favor de los estados que contabilizan boletas de voto por correo enviadas a tiempo aunque lleguen después del día electoral. Además, varios estados demócratas están aprobando leyes para prohibir el intercambio de registros de votantes y limitar la presencia de agentes federales en los centros de votación. David Becker, fundador del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, ha instado a la confianza en el sistema, asegurando que, aunque los despidos en la EAC representan un exceso de poder, las elecciones siguen siendo administradas por los estados de manera excepcional, conforme a la Constitución.
