El escenario político y judicial de Estados Unidos se encuentra nuevamente en tensión tras la reciente decisión de la Corte Suprema. El pasado 30 de junio de 2026, el máximo tribunal del país rechazó el intento de la administración del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que buscaba restringir la nacionalidad automática para los hijos de personas extranjeras nacidas en territorio estadounidense.
A pesar del revés judicial, el mandatario no ha desistido en su objetivo. Donald Trump anunció que solicitará formalmente al tribunal que reconsidere su decisión, calificando el fallo como un “error judicial” que, según sus palabras, tendría el potencial de destruir al país. Para el presidente, esta sentencia no solo contradice su propia interpretación de la Constitución, sino que facilita lo que él describe como un “abuso” del sistema migratorio por parte de familias extranjeras. Debido a esto, Trump ha insistido en mantener este tema como un eje central de su debate político y judicial, recurriendo a nuevas acciones legales y enviando mensajes directos a sus seguidores.
El fallo de la Corte Suprema fue contundente, bloqueando con una votación de 6 votos contra 3 una orden ejecutiva que pretendía impedir que los bebés de residentes temporales y de migrantes indocumentados obtuvieran la nacionalidad estadounidense de forma automática. El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., fundamentó la decisión basándose en la Decimocuarta Enmienda. Roberts afirmó que la ciudadanía representaba, tanto en el pasado como en la actualidad, el “derecho a tener derechos” y la posibilidad de participar libremente en la comunidad política del país. El magistrado subrayó que quienes redactaron la Decimocuarta Enmienda extendieron esta promesa a “toda persona nacida libre en esta tierra”, asegurando que el tribunal mantiene dicha promesa en la actualidad.
Ante este panorama, expertos en derecho constitucional han analizado la viabilidad de la estrategia del presidente. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político, sostiene que el anuncio de Trump de regresar a la Corte Suprema constituye una acción de “pura demagogia” diseñada con fines electorales. Según Peñalver, el mandatario busca brindar falsas esperanzas a un sector de su base electoral mediante discursos cargados de racismo, intentando convencerlos de que logrará cerrar el acceso a la ciudadanía para los inmigrantes justo antes de que se lleven a cabo las elecciones de medio término en noviembre.
Desde el punto de vista técnico, Peñalver explicó a N+ Univision que, aunque es posible solicitar una reconsideración a cualquier corte que haya emitido una decisión, en el caso de la Corte Suprema esto ocurre con una frecuencia extremadamente rara. Para el analista, esta insistencia es más una declaración política ante una derrota que una estrategia legal viable.
Para que la Corte Suprema conceda una nueva audiencia, conocida como “rehearing”, se requeriría que la mayoría de los jueces —específicamente cinco magistrados— votaran a favor de reabrir el caso. Además, la petición debería provenir de uno de los jueces que inicialmente apoyó la decisión de mantener el derecho a la ciudadanía. En este sentido, Peñalver señala que Trump probablemente contaría con el juez Brett Kavanaugh. No obstante, el analista duda que Kavanaugh acceda a ello, argumentando que la legitimidad de la Corte Suprema estaría en riesgo.
Es importante destacar que el juez Kavanaugh fue propuesto para el tribunal por el propio Donald Trump durante su primer mandato. Si bien Kavanaugh no estuvo de acuerdo con la decisión final sobre la ciudadanía por nacimiento y considera que la orden ejecutiva de Trump no viola la Constitución, mencionó la existencia de una ley federal que, bajo su interpretación, reconoce generalmente dicho derecho. Esta postura deja abierta la posibilidad de que, en un futuro, sea el Congreso quien modifique la ley para limitar la ciudadanía por nacimiento.
No obstante, el camino a través del Poder Legislativo es igualmente complejo. Trump ha pedido al Congreso que trabaje para eliminar este derecho, pero cualquier modificación a la Constitución debe seguir el proceso regulado por el artículo 5. Esto exige que dos tercios de ambas cámaras del Congreso aprueben la propuesta de enmienda, o que dos tercios de los estados soliciten una convención para proponer cambios. Posteriormente, dichas enmiendas deben ser ratificadas por tres cuartos de las legislaturas estatales o por convenciones en tres cuartos de los estados.
Finalmente, Rafael Peñalver opina que el presidente está capitalizando los sentimientos antiinmigrantes de sus seguidores para consolidar su poder personal y fortalecer agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el analista, estas agencias reciben órdenes directas del Ejecutivo y operan, en la práctica, como si fueran un “ejército privado”.
