El panorama político y legal de Estados Unidos se encuentra en un momento de tensión luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de solicitar una revisión de la decisión tomada por la Corte Suprema el pasado 30 de junio de 2026. El máximo tribunal había rechazado previamente el intento de la administración Trump de suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, una medida que el mandatario insiste en impulsar a pesar del revés judicial.
El presidente Trump no ha dado marcha atrás tras el fallo y ha calificado la resolución como un “error judicial”. Según las declaraciones del mandatario, esta decisión podría llegar a destruir al país, razón por la cual ha manifestado que buscará que el tribunal revise su postura. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la viabilidad técnica y legal de reabrir un caso que ya ha sido deliberado por los magistrados de la más alta instancia.
Como recordatorio de los hechos, la Corte Suprema bloqueó, mediante una votación de 6 votos contra 3, una orden ejecutiva emitida por el presidente. Dicha orden tenía como objetivo impedir que los hijos de residentes temporales y de migrantes indocumentados obtuvieran automáticamente la nacionalidad estadounidense al nacer en el país. El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., fue enfático al señalar que la medida ejecutiva violaba los preceptos de la Decimocuarta Enmienda.
En su argumentación, el magistrado Roberts sostuvo que la ciudadanía representa el derecho fundamental a tener derechos y la capacidad de participar libremente en la comunidad política. Roberts subrayó que quienes redactaron la Decimocuarta Enmienda extendieron esta promesa a “toda persona nacida libre en esta tierra”, asegurando que el tribunal mantiene dicha promesa en la actualidad.
Ante este escenario, el abogado constitucionalista y analista político Rafael Peñalver ha ofrecido una lectura crítica de los movimientos del mandatario. Según Peñalver, el anuncio de Trump de regresar a la Corte Suprema no responde a una estrategia jurídica sólida, sino que se trata de “pura demagogia” diseñada para su campaña electoral. El analista sostiene que el presidente pretende brindar falsas esperanzas a un sector de su base electoral mediante discursos con tintes racistas, buscando generar una percepción de avance en el cierre del acceso a la ciudadanía para inmigrantes justo antes de las elecciones de medio término programadas para noviembre.
Desde el punto de vista técnico, Peñalver explicó a N+ Univision que, aunque es posible solicitar una reconsideración a cualquier corte que haya emitido una decisión, en el caso de la Corte Suprema esto es extremadamente raro. Para el analista, el anuncio del presidente es más una declaración política ante una derrota que una acción legal con probabilidades de éxito.
Para que la Corte Suprema conceda una nueva audiencia, proceso conocido como rehearing, se requeriría que la mayoría de los jueces —específicamente cinco magistrados— votaran a favor de hacerlo. Además, existe un requisito procedimental complejo: la petición tendría que provenir de uno de los jueces que originalmente apoyó la decisión de mantener el derecho a la ciudadanía para los niños nacidos en Estados Unidos.
En este sentido, Peñalver señaló que Trump probablemente depositaría sus esperanzas en el juez Brett Kavanaugh. Sin embargo, el analista duda que Kavanaugh acceda a tal petición, argumentando que la legitimidad de la Corte Suprema está en juego. Es importante notar que Kavanaugh fue propuesto para el tribunal por el propio Donald Trump durante su primer mandato. Si bien el juez no estuvo de acuerdo con la decisión final sobre la ciudadanía por nacimiento, mencionó la existencia de una ley federal que, según su interpretación, reconoce ese derecho de forma general.
Kavanaugh se alineó con los jueces que disintieron del fallo principal porque considera que la orden ejecutiva de Trump no viola la Constitución. Esta postura deja abierta, desde su perspectiva, la posibilidad de que el Congreso modifique la ley en el futuro para limitar la ciudadanía por nacimiento.
No obstante, el camino legislativo sugerido por Trump también presenta obstáculos significativos. Cualquier modificación a la Constitución estadounidense está regulada por el artículo 5. Este proceso exige que dos tercios de ambas cámaras del Congreso aprueben una propuesta de enmienda, o que dos tercios de los estados soliciten una convención para proponer dichos cambios. Posteriormente, estas enmiendas solo serían válidas si son ratificadas por tres cuartos de las legislaturas estatales o por convenciones en tres cuartos de los estados.
Finalmente, Rafael Peñalver concluye que el presidente está instrumentalizando los sentimientos antiinmigrantes de sus seguidores. Según el experto, el objetivo real es concentrar más poder en su figura y fortalecer agencias como ICE, las cuales reciben órdenes directas del Ejecutivo y funcionan, en palabras del abogado, como si fueran “un ejército privado”.
