La Audiencia de Sevilla ha dictado un nuevo auto mediante el cual se pospone, una vez más, el inicio del juicio oral contra Francisco Serrano, exlíder de la formación política Vox en Andalucía. El proceso, que versa sobre un presunto fraude de subvenciones vinculado a la construcción de una planta de pélets en la localidad de Niebla, en la provincia de Huelva, no comenzará ahora hasta octubre del año 2027.
Según la información detallada en el auto al que ha tenido acceso la agencia EFE, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha decidido suspender la vista que originalmente estaba programada para comenzar el próximo mes de marzo. En su lugar, el tribunal ha fijado un nuevo calendario de celebraciones extremadamente dilatado, estableciendo que el juicio se llevará a cabo durante los días 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2027, extendiéndose además hasta los días 2, 3 y 4 de noviembre del mismo año.
Esta nueva demora judicial responde a una solicitud presentada por la representación legal de Francisco Serrano. La defensa del exdirigente político alegó una "coincidencia de señalamientos" que afectaba a la agenda de su asistencia letrada, lo que imposibilitaba la comparecencia en las fechas previstas. Asimismo, la defensa reclamó que el tribunal se pronunciara sobre diversas propuestas de testificales que deben ser integradas en el proceso.
La noticia del aplazamiento ha sido recibida con malestar por la acusación popular, representada por Rubén Sánchez, secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción. Sánchez, quien impulsa este caso tras haber presentado la denuncia inicial ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha lamentado públicamente que el juicio se retrase otros siete meses respecto a la fecha prevista, prolongando la resolución de un caso que involucra fondos públicos.
En cuanto a las pretensiones penales, existen discrepancias significativas entre las acusaciones. Por un lado, Facua, a través de Rubén Sánchez, solicita una condena de 10 años de cárcel para Francisco Serrano. Por otro lado, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de hasta ocho años de prisión, dependiendo de la calificación final de los hechos.
El núcleo del caso se centra en una subvención de aproximadamente 2,5 millones de euros destinada a la creación de una fábrica de pélets en Niebla. Según el auto de procesamiento, Serrano y sus dos socios se habrían concertado en el año 2016 para obtener un préstamo de casi 2,5 millones de euros, a pesar de no contar con la solvencia debida para llevar a cabo el proyecto. La investigación judicial sostiene que la mayor parte de este dinero, proveniente de préstamos para fondos de inversión, no se utilizó para la construcción de la fábrica, sino que se destinó a proyectos de otras entidades y a finalidades desconocidas.
De acuerdo con las conclusiones del juzgado que investigó el presunto fraude, de los 2,48 millones de euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de la planta, solo 544.316 euros fueron destinados a fines acordes con el proyecto original. Esta disparidad es la que fundamenta las acusaciones de estafa y fraude.
En su escrito, la Fiscalía atribuye a Serrano y a sus dos exsocios un delito de estafa, solicitando para cada uno de ellos una pena de seis años de prisión y multas de 5.400 euros. No obstante, como calificación subsidiaria, el Ministerio Público señala que, si el tribunal considera que los hechos constituyen delitos de fraude en subvenciones, la pena debería elevarse a ocho años de cárcel para cada acusado y una multa de 15 millones de euros.
Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía reclama la responsabilidad civil subsidiaria tanto de los tres acusados como de la sociedad Bio Wood Niebla. El objetivo es que indemnicen al Ministerio de Industria con una cifra cercana a los 2,5 millones de euros, recuperando así los fondos públicos otorgados.
Previamente, el juzgado ya había acordado la apertura del juicio oral e impuesto a Francisco Serrano una fianza de 3,31 millones de euros. Tras esta medida, Serrano solicitó que no continuasen las actuaciones judiciales en su contra, petición que no ha impedido que él y sus dos socios se sienten en el banquillo de los acusados en la fecha ahora fijada para finales de 2027.
