Un reciente informe publicado por la organización no gubernamental española Oxfam Intermón ha puesto al descubierto una brecha significativa entre los compromisos públicos de financiación climática y la realidad de los fondos entregados a las naciones de ingresos bajos y medios. Según los hallazgos del estudio, los países desarrollados inflaron en aproximadamente 100.000 millones de dólares el valor real de la financiación destinada a mitigar el colapso ambiental durante el año 2024.
El análisis parte de los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que indicaba que las economías más ricas habían movilizado un total de 137.000 millones de dólares en 2024. Estos fondos estaban destinados, teóricamente, a reducir las emisiones contaminantes y a ayudar al Sur Global a afrontar los impactos derivados de la crisis climática. Sin embargo, la investigación de Oxfam revela que estas cifras están sobreestimadas.
El punto más crítico del informe es la naturaleza de los fondos entregados. Oxfam expone que 69.000 millones de dólares, lo que representa el 65 por ciento del total movilizado, no fueron otorgados como donaciones o subvenciones, sino mediante préstamos bajo condiciones de mercado. Esta modalidad de financiamiento no solo no alivia la carga económica de los países receptores, sino que incrementa activamente la deuda de las naciones del Sur Global en un momento de extrema vulnerabilidad ambiental.
Tras realizar un ajuste en las cifras, la organización estima que la financiación climática real —aquella que realmente aporta un valor neto sin profundizar la deuda— se sitúa en un rango de entre 33.000 y 45.000 millones de dólares. Esta cifra evidencia que el monto de la sobreestimación en 2024 es superior a los 88.000 millones de dólares que la misma organización había registrado en el año 2022, lo que sugiere una tendencia creciente a inflar los reportes oficiales.
El informe dedica un apartado específico al análisis de la contribución de España. De acuerdo con los datos, el Gobierno español declaró ante los organismos internacionales una aportación de 1.768 millones de dólares para 2024. No obstante, el valor real estimado de esta financiación se situó únicamente entre los 140 y 220 millones de dólares, lo que representa apenas entre el 8 y el 12 por ciento de la cifra declarada.
La situación de España es particularmente alarmante en cuanto a la metodología de entrega de los fondos. Durante el periodo comprendido entre 2023 y 2024, el 85 por ciento de los fondos declarados por el Estado español consistió en préstamos y otros instrumentos financieros reembolsables. Esta proporción posiciona a España como uno de los países con el menor porcentaje de subvenciones directas a nivel mundial, priorizando créditos que deben ser devueltos sobre ayudas no reembolsables.
Marina Paoli, responsable de política climática de Oxfam, ha sido tajante al calificar esta situación como una "ilusión de solidaridad". Según Paoli, los países que históricamente han sido los mayores emisores de contaminantes están ofreciendo mucho menos de lo que aseguran públicamente. La especialista señaló que los mecanismos financieros actuales están diseñados de tal forma que empujan a las economías más vulnerables hacia un mayor endeudamiento, mediante condiciones comerciales que resultan rentables para los emisores históricos.
Para llegar a estas conclusiones, Oxfam aplicó un cálculo riguroso sobre el valor real de los fondos. El proceso consistió en estimar la proporción no reembolsable, incluir las subvenciones y considerar las condiciones preferenciales de ciertos créditos, mientras que se restaron los préstamos comerciales y las sobreestimaciones presentes en los reportes oficiales.
Ante este escenario, donde el cambio climático continúa agravando fenómenos como olas de calor, inundaciones y tormentas, Oxfam ha instado a los gobiernos de las economías desarrolladas a cambiar su enfoque. La organización hace un llamado urgente para que, de cara a la próxima cumbre COP31, se incremente la financiación climática basada en subvenciones, evitando que la lucha contra la crisis ambiental se convierta en una herramienta de endeudamiento para los países más pobres del mundo.
