Un nuevo foco de controversia ha surgido en torno a la gestión de Daniel Quintero, actual superintendente de Salud, tras hacerse públicas una serie de denuncias relacionadas con la adjudicación de un contrato millonario destinado a la adquisición de tiquetes aéreos. La denuncia, impulsada por el concejal de Medellín, Santiago Perdomo, pone el centro de la discusión en una suma considerable de 3.667.523.610 pesos, asignada a una entidad que, según el cabildante, se encuentra en medio de una crisis profunda tanto en sus recursos como en la prestación de los servicios que vigila.
El concejal Santiago Perdomo ha manifestado su rotunda oposición a este gasto, calificándolo como injustificable dada la coyuntura actual del sistema de salud en Colombia. Según el argumento de Perdomo, el país atraviesa un panorama crítico donde miles de ciudadanos se encuentran a la espera de citas médicas, medicamentos esenciales, cirugías y una atención oportuna que no llega. En este contexto, el concejal sostiene que la adjudicación de más de 3.600 millones de pesos para el transporte aéreo no se alinea con las prioridades reales de salud pública.
De manera más incisiva, Perdomo sugirió que este movimiento presupuestario podría responder a intereses distintos a los institucionales. El cabildante enfatizó que, lejos de ser una prioridad para mejorar el sistema sanitario, la contratación parece más una estrategia diseñada para movilizar y promover la imagen pública de Daniel Quintero, quien lidera la Superintendencia Nacional de Salud.
Ante estas fuertes acusaciones, la Superintendencia de Salud, bajo la dirección de Quintero, emitió un comunicado oficial para brindar claridad sobre la naturaleza y la legalidad del proceso de contratación. En el pronunciamiento, la entidad aclaró que este proceso corresponde a una contratación de carácter anual, la cual consideran indispensable para garantizar que se cumplan las funciones primordiales de inspección, vigilancia y control en todo el territorio colombiano.
Para respaldar la transparencia del proceso, la entidad explicó que la Supersalud adelanta anualmente este trámite mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa electrónica. Este mecanismo, operado a través de la plataforma SECOP II, asegura que el contrato sea adjudicado a quien presente el valor más bajo para la entidad, cumpliendo así con los principios legales de economía, publicidad, transparencia y libre concurrencia, tal como lo prevé la normativa de contratación pública vigente.
En cuanto a la ejecución cronológica del proceso para la vigencia 2026, la entidad proporcionó un calendario detallado. La convocatoria fue publicada el 1 de abril y la apertura formal del proceso se realizó el 15 de abril. Posteriormente, entre el 23 y el 27 de abril, se llevó a cabo la evaluación de las propuestas recibidas. El 8 de mayo se efectuó la subasta inversa y la adjudicación final tuvo lugar el 13 de mayo, iniciando la ejecución del contrato el 1 de junio de 2026.
Un punto clave en la defensa de la Supersalud es el desglose del gasto. Aunque la cifra total es elevada, la entidad ratificó el monto y aclaró que la gran mayoría de los recursos no están destinados al despacho del superintendente. Según el comunicado, únicamente 54.564.204 pesos, lo que representa el 1,4 % del valor total del contrato, están asignados para los desplazamientos del Despacho del Superintendente Nacional de Salud durante el resto de la vigencia 2026.
El resto de los fondos, que constituyen la parte predominante del contrato, están destinados a garantizar la movilidad de los equipos técnicos y misionales de la entidad. Estos funcionarios son los encargados de realizar las visitas de inspección, las auditorías, las actuaciones de vigilancia y la atención directa a los usuarios, además de otras actividades institucionales distribuidas en los diversos departamentos del país.
Daniel Quintero, quien asumió la jefatura de la Supersalud en abril de este año, llega a este cargo tras haber participado en la etapa de precandidaturas a la Presidencia de la República, proceso del cual salió antes de concretarse la nominación final. Ahora, se encuentra en el centro de un debate que enfrenta la necesidad técnica y administrativa de la vigilancia estatal frente a la percepción de austeridad y urgencia social en el sector salud.
