La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha manifestado su intención de tomar como referencia las acciones implementadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, para combatir la inseguridad ciudadana en el Perú en caso de asumir un eventual gobierno. En una entrevista concedida al medio ecuatoriano El Universo, Fujimori señaló que ha mantenido conversaciones con Noboa y considera que ambos países comparten similitudes en su problemática, lo que facilitaría el intercambio de soluciones.
Fujimori destacó positivamente las medidas adoptadas por el mandatario ecuatoriano, haciendo énfasis en la construcción inmediata de cárceles y en una postura de tolerancia cero frente a la criminalidad organizada. "Creo que el presidente Noboa ha tomado medidas importantes de enfrentar este flagelo... de no darle ni un milímetro a la criminalidad organizada. Eso mismo haremos desde el Perú", declaró la política peruana. Asimismo, expresó su deseo de mantener una cooperación constante en el intercambio de información y el control de las fronteras para evitar afectaciones al comercio exterior.
En cuanto a la operatividad, la líder de Fuerza Popular planteó la convocatoria de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia y áreas críticas, especialmente en las fronteras, sugiriendo que los militares trabajen en coordinación con la Policía Nacional y el Instituto Penitenciario dentro de los centros carcelarios.
Sin embargo, esta propuesta contrasta con las alertas emitidas por diversas organizaciones internacionales sobre la gestión de Daniel Noboa, quien asumió la presidencia el 23 de noviembre de 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido sobre el deterioro de los derechos humanos en Ecuador, reportando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y malos tratos en las prisiones.
Un caso emblemático de estas vulneraciones ocurrió el 22 de diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Garantías Penales del Guayas condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada de cuatro adolescentes afrodescendientes en el barrio Las Malvinas de Guayaquil. Además, la CIDH solicitó medidas cautelares para los reclusos del Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1 debido al hacinamiento severo, el acceso limitado a salud y la propagación de tuberculosis.
Desde enero de 2024, Noboa ha calificado a las organizaciones narcotraficantes como "terroristas" y declaró la existencia de un "conflicto armado interno", prolongando frecuentemente los estados de excepción. Al respecto, Human Rights Watch señaló que tal declaración no responde a criterios objetivos y tiene consecuencias graves, ya que permite un uso más amplio de la fuerza, incluida la letal. Aunque el Gobierno ecuatoriano reportó una disminución del 27% en muertes violentas hasta abril de 2024, la organización subrayó que la inseguridad persiste, evidenciada en el aumento de secuestros y extorsiones, así como en el asesinato de tres alcaldes y un director de prisión.
Desde el Perú, especialistas han cuestionado la viabilidad de emular este modelo. Carlos Rivera, abogado del IDL, calificó el escenario ecuatoriano como "desastroso", argumentando que se ha deteriorado el Estado de derecho y la gobernabilidad sin generar resultados sustanciales. Rivera sostuvo que la criminalidad en Perú tiene una naturaleza distinta, aproximándose más a los grupos de poder y la política, citando como ejemplo la minería ilegal.
Por su parte, Ramiro Escobar, internacionalista de la PUCP, advirtió que intentar "bukelizar" las políticas de seguridad en Perú o Ecuador sería un error debido a que cada país enfrenta realidades distintas. Mientras que El Salvador se centró en las Maras, Perú y Ecuador lidian con redes complejas de narcotráfico, trata de personas y tala ilegal. Escobar sugirió que, si bien la cooperación fronteriza es válida, la solución efectiva en Perú ha sido históricamente la inteligencia policial y no la militarización de la seguridad pública.
Finalmente, el abogado constitucionalista Rafael Rodríguez analizó el discurso de Fujimori y dudó que la política peruana utilice el término "conflicto armado interno", dada su postura histórica sobre la lucha contra el terrorismo en el país. Rodríguez proyectó que el nuevo gobierno podría solicitar delegación de facultades legislativas en materia de orden y seguridad ciudadana entre agosto y septiembre, lo que permitiría analizar el marco constitucional y convencional de tales medidas.
