La gestión de las emergencias naturales en Venezuela ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras la publicación de un exhaustivo informe elaborado por la organización Justicia, Encuentro y Perdón. El documento se centra específicamente en analizar y criticar la capacidad de respuesta y las acciones ejecutadas por el gobierno venezolano frente a los terremotos que afectaron el territorio nacional el pasado 24 de junio, dejando en evidencia una profunda discrepancia entre la narrativa oficial y la percepción de las organizaciones civiles.
De acuerdo con los hallazgos presentados por la organización, la respuesta del Estado no fue la adecuada para enfrentar la magnitud de los eventos sísmicos registrados. Martha Tineo, quien se desempeña como coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, fue la encargada de exponer los puntos críticos del reporte. En sus declaraciones, Tineo enfatizó que la vulnerabilidad del país no fue un factor imprevisto, sino una condición preexistente que agravó los efectos de los sismos. Según la coordinadora, Venezuela ya se encontraba inmersa en una situación crítica antes de que ocurrieran los desastres naturales del 24 de junio, lo que sugiere que la infraestructura y los sistemas de respuesta ya presentaban debilidades estructurales.
Uno de los puntos más contundentes y polémicos del informe es la evaluación del vínculo entre el aparato estatal y la población civil durante la crisis. Martha Tineo fue tajante al señalar que, en situaciones determinadas, el Estado venezolano no ha cumplido con su rol de protector y acompañante del ciudadano. En lugar de actuar como un soporte fundamental en los momentos de mayor necesidad, la coordinadora aseguró que el Estado ha estado, en diversas ocasiones, "frente al ciudadano" y no "con el ciudadano". Esta frase subraya una percepción de confrontación o negligencia, donde las instituciones gubernamentales serían vistas como un obstáculo o una entidad distante, en lugar de ser el brazo ejecutor de la ayuda humanitaria y la asistencia técnica necesaria tras un terremoto.
La crítica de Justicia, Encuentro y Perdón no se limita únicamente a la falta de recursos o a la lentitud de la respuesta, sino que cuestiona la naturaleza misma de la relación entre el gobierno y los gobernados en contextos de emergencia. Para la organización, el hecho de que el país ya estuviera en una situación crítica antes de los sismos implica que cualquier respuesta gubernamental estaba destinada a ser insuficiente si no se abordaban primero las fallas sistémicas previas.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha mantenido una postura diametralmente opuesta a las conclusiones del informe. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha intervenido en el debate para defender la reacción del Estado venezolano. Desde la perspectiva gubernamental, las acciones desplegadas tras los terremotos del 24 de junio habrían sido las correctas y suficientes para atender la emergencia. Rodríguez ha rechazado las críticas vertidas por la organización, sosteniendo que la maquinaria estatal operó según los protocolos establecidos y que la respuesta fue efectiva para mitigar los daños causados por los movimientos telúricos.
Este choque de versiones pone de manifiesto la polarización en la evaluación de la gestión pública en Venezuela. Mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón utiliza el informe como una herramienta de denuncia para visibilizar la precariedad y la desconexión estatal, la administración de Delcy Rodríguez utiliza la defensa de sus acciones para proyectar una imagen de control y eficiencia en la gestión de riesgos.
En resumen, el escenario posterior a los sismos del 24 de junio ha quedado marcado por dos visiones irreconciliables: una que describe a un Estado ausente o incluso opositor a las necesidades del ciudadano en crisis, y otra que defiende una respuesta institucional coordinada y exitosa. El informe de Martha Tineo deja abierta la interrogante sobre la capacidad real de respuesta del país ante futuros desastres naturales, insistiendo en que la situación crítica previa es el factor determinante que impide una asistencia efectiva a la ciudadanía.
