La defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada García ha presentado una solicitud formal ante el juez Brian M. Cogan, solicitando que el acusado sea recluido en una instalación médica especializada de la Oficina Federal de Prisiones (BOP). Esta petición se fundamenta principalmente en la situación de salud del procesado, quien a sus 76 años de edad, presuntamente enfrenta un cuadro clínico complejo.
En la carta enviada a la corte, los abogados de Zambada argumentan que su cliente lidia con un "complejo de problemas de salud relacionados con la edad". Aunque el documento menciona la existencia de diversos padecimientos y enfermedades, la lista detallada de estas afecciones se encuentra testada en el registro público, manteniendo la confidencialidad de los diagnósticos específicos.
Para solventar estas necesidades sanitarias, la defensa ha sugerido centros específicos que cuentan con la infraestructura necesaria, tales como el FMC Butner, el FMC Rochester, el MCFP Springfield u otra instalación que combine la capacidad médica requerida con las condiciones de seguridad adecuadas para el perfil del detenido. Los representantes legales fueron enfáticos al señalar que no buscan un trato preferencial ni el traslado a una prisión de menor seguridad, sino asegurar que Zambada tenga acceso permanente y efectivo a la atención médica que su edad y estado de salud demandan.
Como parte de su estrategia procesal, los abogados han intentado presentar a Ismael Zambada como una persona arrepentida de sus delitos y que ha mantenido una actitud cooperativa con las autoridades estadounidenses. En este sentido, el documento establece una comparación directa entre la actitud de Zambada y la de su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según el escrito presentado, mientras que Guzmán optó por declararse inocente, enfrentar un juicio prolongado y posteriormente impugnar su condena, Zambada tomó un camino distinto. El acusado decidió declararse culpable, renunciar a diversos recursos legales y evitar así un proceso judicial extenso. La defensa sostiene que esta disposición demuestra una voluntad de cooperación que debe ser valorada por el juez Cogan.
Además, los abogados argumentaron que su cliente ha permanecido en aislamiento durante casi dos años sin presentar quejas sobre las condiciones de su reclusión. Bajo esta premisa, sostuvieron que enviar a Zambada a la misma prisión de máxima seguridad donde se encuentra actualmente Joaquín Guzmán sería una decisión contraproducente, ya que podría desincentivar la cooperación de otros acusados en el futuro.
El documento también dedica un apartado para detallar las circunstancias bajo las cuales ocurrió la detención de Zambada. De acuerdo con la defensa, el capo fue atraído mediante un engaño: fue convocado para participar como mediador en una disputa política en el estado de Sinaloa. No obstante, al llegar al lugar de la reunión el 25 de julio de 2024, fue golpeado, inmovilizado y secuestrado. Posteriormente, fue trasladado en un avión privado hacia los Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En cuanto a su situación jurídica, la defensa señaló que Zambada acepta la pena obligatoria de cadena perpetua y dejó claro que no solicitará ninguna reducción de condena.
El escrito incluye asimismo detalles sobre la biografía del acusado. Se menciona que nació en 1950 en el seno de una familia dedicada a la agricultura. Su trayectoria educativa fue interrumpida a los 12 años tras el fallecimiento de su padre, y comenzó a cultivar marihuana a la edad de 19 años. En el ámbito personal, se informa que Ismael Zambada tiene 16 hijos.
Finalmente, los abogados afirmaron que su cliente ha expresado un arrepentimiento genuino por la violencia atribuida a la organización criminal y por el impacto social y humano derivado del tráfico de drogas. Para respaldar la imagen del acusado, la defensa informó que presentaron decenas de cartas de apoyo redactadas por personas que lo conocieron en México, quienes describen acciones de ayuda y apoyo brindadas por Zambada hacia los integrantes de su comunidad. Todos estos argumentos quedan ahora sujetos a la valoración del juez Brian M. Cogan.
